El gobierno federal ha decidido revisar la situación financiera de 11 concesiones carreteras que fueron otorgadas durante las administraciones priistas y panistas de Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para lo cual emitió una licitación pública nacional.
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Por lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer la licitación para que se realicen el estudio y análisis de esas concesiones, que están en poder de empresas como Aleatica (antes OHL), GIA, Pinfra e ICA, entre otras.
Para este concurso, la dependencia federal ha recibido hasta el momento cinco propuestas económicas de compañías que van en alianza con otras más.
En 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció el incumplimiento de entrega en la vía Jala-Puerto Vallarta y añadió que se debían terminar las obras de aquellas concesiones o se les quitarían a las concesionarias.
Uno de los contratos que se revisarán es el de la construcción de la autopista Atizapán-Atlacomulco, en el Estado de México, otorgado a Aleatica en 2014 y que bajo los primeros esquemas debió ser concluida en 2016, pero se retrasó debido a problemas sociales, cambio de trazo y la modificación en el proyecto ejecutivo.
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Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto modificó el programa de construcción de la carretera para tener un plazo de 24 meses a partir de agosto de 2019.
Una más es la vía Siglo XXI Jantetelco-El Higuerón, en Morelos, concesionada a Pinfra junto con Aldesa y CKD GBM Infraestructura, en la cual se invirtieron 679.8 millones de pesos y tiene una extensión de 61.8 kilómetros.
Otra más es el libramiento de Obregón, Sonora, que fue dado a la compañía GIA por una vigencia de 30 años. Para esta vía la empresa realizó su construcción junto con las empresas Cypsa, Rubau e Invex Infraestructura, para lo cual se hizo un desembolso económico de mil 145 millones de pesos por 34.5 kilómetros.
En el caso de la autopista Nuevo Necaxa-Tihuatlán que registró algunos retrasos en su construcción, fue otorgada a ICA el 29 de julio de 2017 por un periodo máximo de 30 años.
Esta vía, que forma parte de la carretera México-Tuxpan, tiene una extensión de 84.7 kilómetros en Puebla y Veracruz, y está dividida en dos tramos: Nuevo Necaxa–Ávila Camacho, con 36.6 kilómetros, y Ávila Camacho-Tihuatlán, con 48.1 kilómetros.
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Respecto al libramiento de San Luis Potosí, la concesión fue otorgada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, específicamente en 1990, a la empresa Mexicana de Técnicos en Autopistas (META) por una vigencia de 60 años.
PROPUESTAS ECONÓMICAS
Entre las cinco propuestas económicas para la licitación sobre el estudio y análisis de 11 concesiones carreteras se encuentran la conjunta de AFH Consultores y Asociados y Ríos Ferrer Guillen-Llarena Treviño y Rivera, con un monto de 7 millones 870 mil pesos, y las firmas Noriega y Escobedo junto con KPMG Cárdenas Dosal, con un monto de 7 millones 808 mil.
También concursan Gulesserian Consultores (6 millones 986 mil), G.I Moen (7 millones 499 mil) y Gerinpro Consultores (4 millones 926 mil pesos).
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En la licitación pública, la SCT señaló que en el caso de las concesiones carreteras Atizapán-Atlacomulco, de Aleatica, antes OHL; Jantetelco-El Higuerón, de Pinfra; el Libramiento de Obregón, de GIA, y la autopista Nuevo Necaxa-Tihuatlán, de ICA, se busca analizar su situación económica- financiera y jurídica, además de revisar el modelo financiero original.
Asimismo, la dependencia federal señaló que se determinará los términos conforme a los cuales podrán llevarse a acabo los llamados “reequilibrios financieros” y modificaciones que resulten pertinentes.
Las vías Nueva Italia- Apatzingán, en Michoacán, y el libramiento La Galarza-Amatitlanes, en Puebla, de la empresa Supra Construcción también entran dentro de la figura de revisión antes mencionada.
En los casos de la autopista que corre de Monterrey a Nuevo Laredo, que fue concesionada a Pinfra, y el libramiento San Luis Potosí, de la compañía META, se buscarán igualmente analizar su situación económica-financiera y jurídica.
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