Los procesos para renovar las secciones 46 y 39 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en Puebla, se encuentran detenidos en medio de la pandemia de covid-19 y en el marco de una ausencia de la representación nacional tras la salida de Carlos Romero Deschamps.
Las secciones en Puebla, la 46 en San Martín Texmelucan y 39 con cabecera en Huauchinango, cada una con más de 700 trabajadores agremiados, están encabezadas por líderes con más de dos décadas en el cargo.
- Te recomendamos Faltan por recuperar más de 30 mil empleos en Puebla Comunidad
En el caso de la Sección 46, su actual dirigente Rubén Quintero Rúa, mientras que la 39, mantiene como su secretario general a Carlos Soto Islas.
Emmanuel Quiroz, abogado especializado en el sector petrolero, explicó que los estatutos del STPRM establecen que, cada tres años, las dirigencias seccionales deben renovarse, sin embargo, la actual gestión, que comenzó en 2018, continúa en funciones.
En entrevista para MILENIO Puebla, el integrante de la disidencia sindical petrolera, comentó que ante la ausencia de un secretario general a nivel nacional, las convocatorias para renovar las dirigencias locales están paralizadas, pese a que ya hay aspirantes que buscan contender por el cargo.
“El contexto está parado y enrarecido porque la dirigencia que encabezaba Deschamps de momento ese puesto está acéfalo. No hay un secretario general del sindicato petrolero a nivel nacional, pero eso no significa que no siga operando por fuera a través de todas las secciones sindicales en el país. Está paralizada la renovación de todas las secciones hasta que haya humo blanco en el nacional”.
Los actuales secretarios generales del sindicato petrolero en Puebla son señalados de formar parte del grupo simpatizante de Romero Deschamps, quien dejó la dirigencia del STPRM en octubre de 2019 y acusados de manejar las cuotas sindicales a discreción.
En el caso de Quintero Rúa se le acusa de manejar un fideicomiso que se constituyó para trabajadores en activo y jubilados, el cual, al final no se pagó.
“Evidentemente no hay transparencia para conocer en el registro público de la propiedad cuáles son los bienes que había a nombre del Sindicato como personal moral y que hubiesen podido pasar a particulares. Es una información que está en hermetismo y ha sido imposible hacer las denuncias correspondientes”.
Mientras que sobre Soto Islas, la disidencia petrolera acusó falta de transparencia en cuotas sindicales, venta de terrenos en la zona de la Sierra Norte, además de irregularidades en su gestión.
AFM