Cada año, en Puebla surgen entre 14 mil a 15 mil viviendas en zonas irregulares que pueden representar un riesgo para sus habitantes, es decir, cercanas a ductos que transportan combustibles, aledañas a torres de alta tensión, cañadas, o que no están alineadas a normas de construcción vigentes y que, por su ubicación, se complica la dotación de servicios básicos.
Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), explicó que la construcción de casas en zonas irregulares proliferó en distintos puntos del estado ante invasiones y comercializadores que engañan a la gente ofreciendo predios con facilidades de pago y que ponen a las familias en una situación vulnerable.
Comentó que el desarrollo de vivienda en zonas irregulares es un fenómeno que crece y representa un problema no sólo para las personas que ahí habitan, sino para las autoridades porque en el futuro se genera una demanda de servicios.
“Desgraciadamente, esto ha proliferado y es un problema muy fuerte porque, independientemente de la situación que conlleva la parte económica para los gobiernos municipales y estatales, lo que se puede presentar son problemas para las familias. No se respeta en lo más mínimo la seguridad personal y jurídica de los ciudadanos. Estos asentamientos irregulares, al final del día, nos cuestan a todos y se convierten en problema para cualquiera de los ayuntamientos. Hay asentamientos donde no se pueden dar los servicios ante las circunstancias que representa el peligro de los mismos”, señaló.
El líder de la Canadevi explicó en entrevista para MILENIO Puebla que los desarrolladores formales de vivienda están obligados a construir bajo estrictos reglamentos y normas, mientras que hay comercializadores que se aprovechan de la necesidad de la gente que busca un patrimonio vendiendo lotes en zonas prohibidas o irregulares.
Estimó que por cada vivienda formal en el estado, se edifica una de manera irregular, exponiendo a sus habitantes a algún riesgo y, en el futuro, complicaciones para escriturar su propiedad. Además, se pronunció por sanciones y penas para quienes comercialicen predios en zonas que representen un peligro.
Asimismo, el sector empresarial en Puebla destacó que es preciso aplicar “mano dura” contra quienes se dedican al robo de combustibles.
El presidente del Consejo Asesor Empresarial, capítulo Puebla, Alfredo Rivera Espinosa destacó que la extracción ilegal de hidrocarburos es un problema que continúa y no sólo deja pérdidas materiales, sino humanas.
Reconoció las acciones gubernamentales para contrarrestar este delito, sin embargo, se pronunció por fortalecer acciones para frenar esta actividad en el estado.
En el punto anterior, coincidió el presidente del Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco al señalar que las empresas afiliadas al organismo aplican protocolos para evitar el consumo de combustible robado.
AFM