El Gobierno de Chile paralizó y suspendió la concesión de proyectos clave en infraestructura y corredores viales, una decisión que ha generado incertidumbre en el sector privado y que pone en riesgo la confianza de los inversionistas internacionales.
De acuerdo con analistas, la medida impulsada por la administración chilena compromete directamente más de 8 mil millones de dólares en obras ya adjudicadas, amenazando con desacelerar el desarrollo logístico del país y la llegada de capitales extranjeros.
El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, de origen español, detalló que el Ministerio de Obras Públicas suspendió la adjudicación de los corredores de transporte público de las Rutas 150 y 160, así como la Autopista Concepción-Talcahuano.
Estos proyectos superan los 400 millones de dólares y ya contaban con aprobación técnica. La causa argumentada por las autoridades es de índole presupuestaria, enmarcada en un plan de recorte del 3 por ciento aplicado a todos los ministerios durante 2026.
“El problema no son los 400 millones suspendidos, sino el precedente. Existe un stock superior a veinte iniciativas por más de 10 mil millones de dólares ya adjudicadas que no han iniciado obras”, advirtió la institución en su análisis.
“Además, es importante precisar que aún hay una cartera por licitar para el periodo 2026-2027 compuesta por 22 procesos equivalentes a 8 mil 16 millones de dólares”, añadió el centro de investigación.
Asimismo, la firma española señaló que la decisión contrasta con el discurso oficial del gobierno del presidente José Antonio Kast, el cual ha declarado buscar la atracción de capitales internacionales.
“La decisión presenta una contradicción fiscal de fondo: la concesión existe para movilizar capital privado y liberar presupuesto público. Sustituirla por obra financiada directamente por el Estado no reduce la presión sobre el erario, la aumenta”, puntualizó el informe.
¿Por qué suspendieron las concesiones?
Las autoridades chilenas detuvieron los procesos de licitación y adjudicación argumentando escasez fiscal y restricciones presupuestarias, como parte de los reajustes de la administración entrante.
El gobierno sostuvo que los compromisos financieros actuales no pueden ser absorbidos de inmediato, por lo que la medida busca reevaluar proyectos de alto costo en un escenario de restricción del gasto público.
Bajo este criterio, se priorizó la revisión de obras de mayor envergadura, especialmente aquellas que contaron con un único licitante, para analizar esquemas alternativos de ejecución.
Años de estabilidad en concesiones
Gloria Hutt, presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), indicó que durante años, el sistema concesionario chileno gozaba de reglas claras y estabilidad.
Expuso que en los últimos 30 años solo, durante el gobierno de Michelle Bachelet, se dio marcha atrás a un proceso, el cual era la adjudicación para la construcción del Hospital Sótero del Río.
“No hay antecedentes de una situación como esta a estas alturas del proceso de adjudicación en el sistema de concesiones, en los últimos 30 años, la única vez que se revirtió una adjudicación fue el Hospital Sótero del Río por la presidenta Michelle Bachelet”, recordó Hutt.
En este sentido Jesús Sánchez Lámbas, vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas indicó que Chile no compite en América Latina por su geografía ni por sus recursos: compite por su previsibilidad.
Añadió que es el único país de la región con calificación A y perspectiva estable, y ese grado no lo dan las carreteras, lo da el cumplimiento de la palabra dada, motivo por el cual se garantizaba el cumplimiento de concesiones en territorio chileno.
Incluso el Foro Económico Mundial sitúa a Chile en primer lugar de AL en infraestructura vial y el Banco Mundial lo califica como el mejor de la región en su Índice de Desempeño Logístico, con un nivel comparable al de Grecia, Rumanía y Bulgaria.
“Es además el único país de la región con calificación de riesgo A y perspectiva estable”, comentó Sánchez Lámbas.
Inversionistas podrían migrar a otros mercados
Ante este escenario, Hutt, advirtió que la incertidumbre podría reorientar las inversiones hacia otros mercados de la región que ofrezcan mayor certeza jurídica, alejando de esta forma los capitales de Chile.
Destacó que España es una de las naciones que ha manifestado mayor inquietud, dado que sus empresas mantienen una participación relevante en los proyectos de infraestructura dentro de territorio chileno.
“Hay grandes capitales acá, particularmente españoles en concesiones, y nos importa que se mantengan en Chile porque Perú y Colombia han impulsado marcos muy abiertos a la inversión privada; al tener brechas enormes, bajarán barreras y se transformarán en competidores fuertes”, explicó Hutt.
La dirigente de Copsa enfatizó que la suspensión de concesiones resta competitividad al país en un momento clave para la recuperación económica.
“Poner una señal de riesgo en este momento no es oportuno ni contribuye al objetivo de atraer inversiones. No obstante, el Ministerio de Obras Públicas abrió mesas de diálogo con los concesionarios para buscar salidas que concilien el ajuste fiscal sin cancelar los proyectos”, concluyó.
jjb