La Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber) envió a la Oficina del Representante Comercial de su país (USTR) una carta donde reclamó al gobierno estadunidense que inició quejas laborales en contra de México mucho antes de que entrara en vigor el T-MEC.
El vicepresidente de la división de Política de Empleo del organismo empresarial, Gleen Spencer, acusó que existen distorsiones respecto a las solicitudes y procesos que se deben seguir, para solicitar un procedimiento de paneles de respuesta rápida bajo el capítulo 23 en materia laboral.
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"La Cámara sigue preocupada por el capítulo laboral y los procedimientos. Primero, la guía procesal final aún no se ha publicado, por lo tanto, cualquier acción sobre una petición es inapropiada e injusta para el propietario de la instalación cubierta y la parte demandada", aseveró.
En segundo lugar, la Cámara mostró su preocupación por los problemas fundamentales del debido proceso que surgen del calendario de las peticiones laborales del T-MEC.
"El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020. Sin embargo, el Comité Laboral está actuando sobre peticiones que alegan que una denegación de derechos ocurrió en parte, antes del 1 de julio de 2020. La posibilidad de imponer remedios a una instalación por incumplimiento del T-MEC antes entrara en vigor, es una violación del derecho al debido proceso y no debe tolerarse", afirmó.
En ese sentido, expuso que México estableció un plazo de tres años para que todos los convenios colectivos laborales se transfieran al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y de cuatro años para que todos los convenios colectivos existentes sean rescindidos o ratificados.
Agregó que algunos de estos compromisos varían de un estado a otro en México, y aunque en muchos lugares estos plazos aún no han llegado, por lo que actuar sobre las peticiones presentadas contra las instalaciones en México, antes de que dichas empresas pudieran reevaluar su respectivo convenio colectivo, dentro del plazo de tiempo, también es una violación del derecho al debido proceso y tiene el potencial de sentar un precedente peligroso.
En ese sentido la Cámara de Comercio hizo una serie de cuestionamientos como: ¿Cuándo se publicará la guía procesal final? ¿Por qué se está atendiendo a las peticiones antes de que se publique la orientación procesal final? ¿Por qué el Comité está actuando sobre una petición que alega que ocurrió una denegación de derechos antes de que entrara en vigor el T-MEC?
¿Por qué el Comité está actuando sobre una petición en un estado mexicano que aún no ha sido necesario para implementar las leyes laborales reformadas de México? ¿Incluirá la guía de procedimiento final disposiciones que protegerán el derecho al debido proceso?
El pasado 9 de junio, el gobierno de Estados Unidos hizo nuevamente una solicitud formal a México, para que revise si a los trabajadores de la planta de autopartes de Tridonex, ubicada en Matamoros, Tamaulipas, se les están negando los derechos de libre asociación y negociación colectiva bajo el nuevo T-MEC.
A lo largo de mayo, Estados Unidos había solicitó al gobierno de México la revisión sobre la supuesta denegación de derechos a los trabajadores de la planta de General Motors en Silao, Guanajuato; aunado a que diferentes sindicatos laborales de ese país, prestaron al gobierno americano la primera solicitud de caso de respuesta rápida laboral en contra de México y recientemente el sector de biotecnología acusó también que el territorio mexicano está incumpliendo al poner barreras al comercio.
El 17 de mayo se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC, donde los representantes de gobierno de México, Estados Unidos y Canadá analizaron los avances, pero, sobre todo, los conflictos que existen bajo el nuevo acuerdo que entró en vigor el 1 de julio de 2020.
lvm