Si una palabra describe la situación del sector telecomunicaciones en México, ésta es “estancamiento”. El sector, que incluye negocios de radiodifusión y telecomunicaciones móviles y fijas, reúne una cantidad sustancial de inversiones: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Ifetel, estimaba al final de 2013 que el sector habría invertido casi 5 mil millones de dólares, pero el ritmo de inversión, en realidad, había retrocedido; de hecho, fue inferior al de 2012 en más de 27%. A finales del 2013, el panorama estaba muy claro: difícilmente superarían la tendencia de los últimos años, que ha sido un crecimiento en ventas que no ha rebasado el 5% anual.
La importancia del segmento de las telecomunicaciones no puede soslayarse. De acuerdo con información de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) el sector representa aproximadamente el 4.7% del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), además de que virtualmente, todos los sectores de la economía y de la sociedad requieren algún servicio de telecomunicaciones para funcionar: sea lo mismo acceso a internet que servicios de voz local o de larga distancia.
¿Qué pasó en 2013? Quizá el problema más grave radica en que, virtualmente, está en el limbo la regulación del sector telecomunicaciones, esencial para una industria que quizá es la más reglamentada, sólo detrás de la banca. Tras un complejo proceso legislativo, en junio de 2013 dicha reforma (que implica la modificación de ocho artículos de la Constitución) fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. "Ésta es quizá una de las reformas más ambiciosas que ha visto país alguno en su sector de telecomunicaciones", dijo el diputado Juan Pablo Adame, presidente de la Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados. Las modificaciones constitucionales abren la puerta a una consolidación de la legislación del sector, que hoy está dispersa en más de una docena de leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas de diversa índole.
La reforma aprobada promete un campo más parejo para las empresas de este sector (estableciendo un órgano regulatorio nuevo y autónomo del Poder Ejecutivo, llamado Instituto Federal de Telecomunicaciones), así como diversas salvaguardas para evitar que una sola empresa tenga un control sustancial en este campo, hoy dominado por un puñado de empresas. Sin embargo, para que funcione, la reforma constitucional necesita de una reglamentación que determine sus mecanismos de operación y, hasta el cierre de este artículo, el Poder Ejecutivo no había presentado propuesta alguna de reforma secundaria.
Esta carencia de reglamentación genera una suerte de efecto dominó: el organismo regulador de las telecomunicaciones en México, Ifetel, no cuenta con un marco jurídico para operar, por lo que, a su vez, decisiones importantes de regulación en el sector están suspendidas. Un ejemplo de esto es la licitación de espectro adicional para servicios de telecomunicaciones móviles: "El Estado mexicano tiene asignado apenas una quinta parte del espectro para cubrir las necesidades del país", dijo Erasmo Rojas, presidente para Latinoamérica de 4G Americas, organismo que reúne a operadores y fabricantes de equipo de telecomunicaciones. El problema es que, sin reglas secundarias, es imposible desarrollar éste y otros procesos críticos para permitir el funcionamiento del sector.
Debido a ello, durante el año pasado, las empresas del sector mantuvieron sus inversiones apenas al nivel mínimo necesario. Telefónica, una de las pocas empresas que reporta públicamente sus actividades, registró en 2013 una inversión en México de 242 millones de euros. Parece mucho pero en 2012 la inversión fue de 427 millones de euros, una contracción de más de 43%. Otra empresa del sector, Nextel, reportó en 2013 un descenso de más del 28% en sus inversiones mexicanas. En una industria como la de telecomunicaciones se precisan crecimientos por lo menos de doble dígito para mantenerse al ritmo de la demanda de los usuarios, quienes exigen nuevos servicios a mayor velocidad y menor precio.
Por otro lado, el mercado de algunos de los servicios más pujantes en telecomunicaciones, como el de los móviles, está llegando a lo que los expertos llaman madurez: de acuerdo con el Ifetel, ya hay más de 100 millones de suscriptores de servicios móviles en una población total de 112 millones; mientras que organismos como el Latin American Multichannel Advertising Council (que agrupa a los anunciantes en televisión de paga) reportan que más del 44% de los hogares mexicanos ya tienen servicios de televisión restringida en casa. Esto significa que, de aquí en adelante, el mercado de telecomunicaciones crecerá en dos vertientes: en los sectores económicos menos favorecidos (lo que implicará menores precios y, por ende, menores márgenes de ganancia) y tomando clientes de otros operadores (lo que implica costos de mercadotecnia, subsidios y otros gastos para atraer nuevos suscriptores).
Este 2014 parece traer mejores perspectivas. Muy probablemente para este año la legislación secundaria quedará finalmente aprobada y el mismo Ifetel comenzará a ejercer su autoridad en el sector, licitando el espectro radioeléctrico para servicios de telecomunicaciones e incluso para dos cadenas de televisión abierta a nivel nacional. Además, la reforma constitucional estableció la creación de una red nacional de telecomunicaciones móviles en la banda del espectro radioeléctrico usada previamente para transmisiones de televisión abierta: éste, quizá será el proyecto de infraestructura en telecomunicaciones más importante que se emprenderá en la década: se busca que la red cubra el 98% de la población, con una inversión de varios miles de millones de dólares.
Todo dependerá del ánimo de los operadores para poner dinero en la mesa y dejar que nuevos jugadores entren a competir. Una de las más trascendentales consecuencias de la reforma constitucional aprobada este año fue el retiro de algunas restricciones que impedían a empresas extranjeras invertir en redes fijas de telecomunicaciones. Con ello no sólo se abre el espectro para que firmas de otros países puedan instalar redes en el país, sino que los operadores nacionales podrán solicitar créditos a entidades extranjeras para actualizar y mejorar sus redes, algo que no podían hacer con el marco legal anterior. Ahora la pelota se encuentra en la cancha del Poder Legislativo, quien tendrá que definir, en las próximas semanas, la forma del sector telecomunicaciones.
Esperar y ver, parece que será la consigna para este año.