El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) y el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga firmaron un memorando de entendimiento en el marco del proyecto Municipios Competitivos, y sumarlo a un grupo de quince gobiernos locales que participarán en el proyecto de mejora regulatoria que busca favorecer un clima de negocios que impulse el crecimiento económico y generación de empleo.
En videoconferencia el titular del Ceesp, Carlos Hurtado, explicó que las principales actividades del proyecto serán: familiarizar a servidores públicos municipales con el ciclo de gobernanza regulatoria, y capacitarlos en el uso de herramientas de gestión; fortalecer el marco regulatorio municipal; simplificar trámites administrativos y servicios municipales; así como mejorar el proceso de inspecciones, entre otros.
“Todo esto se traducirá en una menor carga regulatoria para el municipio en beneficio de sus habitantes y empresas. El municipio de Tlajomulco de Zúñiga contribuye de manera fundamental para que el estado de Jalisco tenga un papel tan destacado como socio comercial a nivel internacional debido al volumen de sus importaciones y exportaciones, así como a su capacidad para atraer inversión extranjera”, indicó.
Expuso que durante 2021, el municipio alcanzó un nivel de mil 892 millones de dólares en exportaciones, donde los principales productos exportados se encuentran varios de alta tecnología como: aparatos de radar, radio control remoto de navegación, entre otros, al tiempo que en la región de América del Norte, el monto exportado a Estados Unidos ascendió a mil 325 millones de dólares y, en el caso de Canadá, a 53.6 mdd.
“El proyecto Municipios Competitivos busca no sólo beneficiar al municipio fortaleciendo su marco regulatorio, transparentando y simplificando trámites, sino también, propiciando una mayor participación de las cámaras y organismos empresariales locales en el proceso de elaboración de la agenda regulatoria municipal”, señaló.
Agregó que la participación de Tlajomulco de Zúñiga en dicho proyecto, le permitirá disminuir de manera importante los márgenes de discrecionalidad en trámites y servicios; proveer regulaciones que faciliten una mayor seguridad jurídica; aumentar los lazos de confianza entre la autoridad municipal y comunidad empresarial local, así como una mayor participación y cumplimiento regulatorios de las empresas.
IPM