La transferencia de recursos que hace hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI) a México por 12 mil millones de dólares es “inviable” para pagar parte de la deuda del país -como lo ha expresado el Presidente Andrés Manuel López Obrador-, pues no representan una donación ni son un activo de uso irrestricto y libre de costo, advirtió Citibanamex.
En un análisis enviado hoy, el banco indicó que los Derechos Especiales de Giro (DEG) que transfirió el FMI al país son activos financieros creados para fortalecer las reservas internacionales de sus países miembros, por lo que no representan una moneda de curso legal.
El FMI emitió recientemente 457 mil millones de DEG, lo que implica que México recibió una asignación equivalente a 12 mil millones de dólares, principalmente ante la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19, se espera que la magnitud del monto emitido dé un gran margen de acción a las autoridades financieras locales para usar estos recursos de acuerdo a la regulación nacional vigente.
“Los nuevos DEG no representan una donación ni son un activo de uso irrestricto y libre de costo. La transferencia que se hizo al Banco de México (Banxico), quien es el agente fiscal del Estado mexicano frente al FMI, y los recursos formarán parte de la reserva internacional”, planteó Citibanamex.
Todavía en la mañanera de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que los activos del FMI se utilizarán para el pago de deuda, por lo que el ejecutivo realizará un planteamiento formal al banco central para que el dinero forme parte de las arcas públicas sin que la Secretaría de Hacienda tenga que pagar en pesos por esos recursos.
Es decir, precisó que los DEG no son un ingreso extraordinario para el sector público, como el que podría derivarse, por ejemplo, a raíz del hallazgo de un pozo de petróleo. “En este sentido, la propuesta y su conclusión son similares a otra iniciativa que hizo el presidente al inicio de la pandemia en México y, de acuerdo al marco legal vigente, no pudo llevarse a cabo: la entrega anticipada del remanente de operación”, sostuvo.
“La ley que establece la autonomía del Banco de México respecto al gobierno federal, y en particular en lo relativo a préstamos o transferencias de reservas del primero al segundo, torna inviable dicha iniciativa”, afirmó.
Además, señaló que el artículo 28 constitucional establece que ninguna autoridad podrá ordenar al Banxico conceder financiamiento y adicionalmente, más allá del objetivo específico de la reserva internacional descrito anteriormente y señalado por la propia ley del banco central, la ley también prohíbe el otorgamiento de crédito al gobierno federal y limita cualquier otra transferencia de recursos al gobierno con excepción a lo que correspondería, en su caso, al remanente de operación.
“No se trata entonces de convencer al banco central o que la Comisión de Cambios (organismo que preside la Secretaría de Hacienda y cuyo secretario tiene el voto de calidad en caso de empate en las decisiones que toman sus miembros) instruya a Banxico a entregar sin contrapartida a Hacienda lo equivalente a los DEG recibidos por México, dado que la ley lo impide”, explicó.
srgs