Ante la controversia generada por la difusión de anuncios antimigrantes del gobierno de Estados Unidos en la televisión mexicana, TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, negó categóricamente haber transmitido dichos spots.
Luciano Pascoe, director general de ADN40, afirmó en su cuenta oficial de X que la televisora “nunca transmitió los anuncios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ni uno. No los transmitió ni los transmitirá porque así lo decidió TV Azteca hace semanas, pues no era contenido valioso”.
El gobierno federal impulsó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que prohíbe la transmisión de propaganda política extranjera y establece sanciones de entre el 2% y el 5% de los ingresos totales anuales del concesionario que incurra en esta práctica.
La iniciativa, que avanza con respaldo legislativo, busca cerrar el vacío legal que permitió la aparición de estos contenidos en la televisión mexicana.
Los anuncios en cuestión, protagonizados por la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, advierten a los migrantes sobre las consecuencias de ingresar ilegalmente al país.
Uno de los mensajes más controvertidos señala: “Si está considerando venir a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo piense. Déjenme ser clara: si viene a nuestro país y viola nuestras leyes, lo cazaremos. Los criminales no son bienvenidos” .
La transmisión de estos anuncios en México generó una fuerte reacción del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó los comerciales como "discriminatorios".
Además, se reveló que la transmisión de estos anuncios fue posible debido a un vacío legal existente desde la reforma de 2014, que eliminó restricciones a la difusión de contenidos extranjeros en medios mexicanos.
La controversia también alcanzó a las plataformas digitales, donde se detectó la difusión de mensajes similares en YouTube y Facebook, dirigidos a audiencias mexicanas.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en telecomunicaciones criticaron la campaña por violar principios constitucionales y promover estereotipos negativos sobre los migrantes.