Tras la reforma minera, el país perderá competitividad puesto que no tiene los recursos económicos ni la capacidad técnica para responder a las nuevas necesidades que la regulación refiere, dicen legisladores y especialistas.
El Instituto Fraser de Canadá reveló en su último reporte de la industria que México cayó del puesto 34 al 37 en su ranking global de competitividad debido a la incertidumbre que vive el sector.
“Los mineros expresaron una mayor preocupación por el sistema legal de la nación, la incertidumbre con respecto a los reclamos de tierras en disputa y el desasosiego con respecto a la administración, interpretación o aplicación de la regulación”, destacaron en su estudio.
Mientras que el senador José Erandi Bermúdez, integrante de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional y del Partido Acción Nacional (PAN), reveló que uno de los puntos que más afectan a la industria dentro de la reforma es que se dependerá del Servicio Geológico Mexicano (SGM) para las exploraciones, el cual no tiene la capacidad técnica ni los recursos económicos suficientes, “lo que sin duda paralizará la actividad minera en el corto y mediano plazos”.
“Tan sólo en exploraciones las inversiones anuales superan los mil millones de dólares anuales entre particulares y explotar un yacimiento puede demorar entre 10 y 20 años contra una reducción de las concesiones de 50 a 30 años, lo que hará inviables muchos proyectos”, destacó.
El mismo instituto destacó que de una evaluación de 100 puntos, México sacó en materia de políticas públicas una reducción de 20.6 puntos, al pasar de 60.67 de calificación a 40.10.
“La nacionalización del litio crea preocupaciones sobre el futuro de otros productos básicos. La prohibición de las minas a cielo abierto en México le da una gran incertidumbre a todo el sector”, reveló.
Al respecto, Bermúdez destacó que una de las modificaciones absurdas es que las concesiones se otorgan para un solo mineral cuando los yacimientos de oro, plata zinc, cobre y fierro, suelen contener diversas aleaciones y que las autoridades puedan cancelar a discreción las concesiones de agua “ y naturalmente, sin certidumbre en el uso del líquido, la industria no ampliará sus inversiones lo que afectará a más de 30 por ciento de la planta productiva demandante de minerales industriales como la automotriz, farmacéutica, construcción, siderúrgica y de energías renovables”.
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El jueves pasado, un juez federal otorgó una suspensión provisional a la empresa First Majestic Plata, medida cautelar que impide que se le aplique un artículo del decreto de reforma a la Ley Minera, de modo que sus solicitudes de concesión en materia minera no podrán ser desechadas.
Ulises Rivera González, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, dio a conocer su acuerdo y fijó para el próximo 7 de junio la audiencia donde resolverá si concede la suspensión definitiva.
Mesa de diálogo
La Cámara Minera de México (Camimex), se pronunció por realizar un foro abierto para que expertos y representantes de la industria analicen, punto por punto, la reforma y no se detengan las inversiones pues de no modificarse aspectos incomprensibles como extraer un solo mineral, se enfrentará también la pérdida de confianza para continuar atrayendo capitales.
Puntualizó que por igual al reducirse la vigencia de las concesiones con solo una prórroga, las empresas buscarán proyectos mineros de menor tamaño e inversión lo que impactará en la producción, proveeduría y exportaciones de un sector que tan solo por el pago de derechos especiales sobre minería aporta al fisco más de 70 mil millones de pesos anuales.
La Camimex mencionó que la actividad minera tiene mucho que dar y la prueba está que solo en 2021 el valor de las exportaciones sumó más de 12 mil 100 millones de dólares en tanto que el valor de su producción aun sin nuevas concesiones, pasó de 281 mil millones de pesos en 2020 a 334 mil millones de pesos en 2021 gracias a la mayor producción de oro, plata y zinc.
Armando Ernesto Alatorre, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, comentó que la nueva ley implica agregar regulaciones en un sector que ya cumple con 45 leyes distintas y 40 normas incluyendo las ecológicas y de protección al medio ambiente, por lo que más que imponer más candados a la inversión, lo que se requiere es que la autoridad aplique la ley porque no todas las empresas contaminan como se hace suponer. Incluso, puntualizó, las mineras no son grandes consumidoras de agua como se argumenta en la reforma pues de acuerdo a la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua),sólo utilizan al uno por ciento del agua nacional y la gran mayoría cuenta con plantas recicladoras que por igual benefician a las comunidades.