Por: Daniela Higuera Alcalde y Jonathan Silva Miranda
Ilustración: Kathia Recio, cortesía de Nexos
En marzo de este año, junto con el inicio de la pandemia, la Comisión de Salud del Senado de la República aprobó el dictamen para la Ley General de Salud Mental que estaba pensada para ser votada estos días en el Pleno. La llamada “Ley Bañuelos” ha despertado reacciones negativas por parte de organizaciones civiles y personas que viven o conviven con la discapacidad psicosocial. Ésto, a pesar de que la materia de la que se ocupa tendría que ser de interés para el grueso de la población. Y este es justamente uno de los principales conflictos de esta propuesta de ley: el mantener la salud mental en el rubro de una especialidad y no reconocer la necesidad de atenderse como primera necesidad y de manera integral.
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