Por: Catalina Pérez Correa
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
En una democracia constitucional, cada uso de la fuerza letal por parte del Estado tendría una investigación independiente que permitiera evaluar su legalidad. Una indagatoria así permite esclarecer la proporcionalidad y necesidad del uso de la fuerza letal. Permite saber cuestiones básicas sobre el uso de la fuerza como cuántas personas estuvieron involucradas, dónde sucedió el evento, cuántos disparos hubo, si fueron de ambas partes, de dónde provinieron los disparos, dónde se recibieron, a qué distancia se disparó, si hay elementos que apunten a un uso legítimo y proporcionado de la fuerza letal o bien a una ejecución extrajudicial. Sin embargo, esto no suele suceder en México. Cuando hay un enfrentamiento en que participan las Fuerzas Armadas —a veces con policías civiles estatales o municipales— hay un saldo de muchas personas muertas de un lado, con pocos (o ningún) herido o detenido. La autoridad ministerial rara vez llega. La institución que participó en el enfrentamiento —normalmente el Ejército— es quien asegura el lugar de los hechos y evalúa la legalidad del uso de la fuerza.