Por: José Antonio Aguilar Rivera
Ilustración: Belén García Monroy, cortesía de Nexos
Las instituciones públicas son frágiles. Son arboles sujetos a los azares de los incendios y las sequías, a los vaivenes e inconstancias de la política. Un árbol centenario puede ser talado en minutos. Eso fue precisamente lo que descubrieron los miembros de su comunidad cuando en noviembre de 2018, a resultas de la promulgación de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, vieron afectados diversos aspectos del funcionamiento de su institución. Jamás, en sus 44 años de vida, había ocurrido algo así. Las prestaciones de prácticamente todos los empleados fueron súbitamente vulneradas en diverso grado: desde las secretarias y empleados de intendencia (que perdieron sus vales de despensa, y otros mecanismos compensatorios de su ingreso), administrativos (que perdieron seguros y primas de antigüedad) hasta los investigadores cuyos sueldos fueron reducidos al recalcular su antigüedad y cancelar las aportaciones al fondo de retiro.