Por: Andreu Comas García
Ilustración: Oldemar González, cortesía de Nexos
Debemos recordar que esta historia inició cuando el gobierno de la Ciudad de México ejecutó una política pública masiva sin bases científicas. A pesar de que posteriormente se obtuvo la evidencia científica robusta (revisiones sistemáticas y meta-análisis) que demostraba la falta de beneficio de la ivermectina en el tratamiento de covid-19, y a pesar de que se publicaron las posturas oficiales de organismos especializados para no utilizar este fármaco, el gobierno de la ciudad continuó con su administración masiva. Antes de administrar masivamente un fármaco a una población abierta deben cumplirse varios supuestos. En primer lugar, su uso debe de estar aprobado para dicha enfermedad. En segundo lugar, debe de ser un fármaco seguro y no tener efectos adversos que pongan en peligro la vida de los pacientes. En tercer lugar, no debe tener una alta frecuencia de interacciones con otros fármacos. En cuarto lugar, su beneficio probado debe estar por encima del riesgo posible. Y, en quinto lugar, la intervención debe ser costo-efectiva.