Por: Malcolm Beith
Ilustración: Patricio Betteo, cortesía de Nexos
De 54 años de edad, García Luna es hasta la fecha el funcionario de seguridad mexicano de mayor rango que ha enfrentado un juicio en Estados Unidos. La sala donde se desarrolla su proceso es la misma en la que se decidió la suerte del hombre que, según los fiscales estadunidenses, conspiró con el exsecretario de Seguridad: Joaquín “el Chapo” Guzmán. Las autoridades estadunidenses no alegan que García Luna haya trabajado directamente con Guzmán, pero el hecho es que el Chapo fue la cabeza del Cártel de Sinaloa durante años. En 2019, después de que un jurado declarara culpable al capo, el juez a cargo del caso sentenció a Guzmán a prisión de por vida más treinta años adicionales. Ahora, el destino de García Luna también está en las manos de un jurado neoyorquino. La cuestión es si la evidencia presentada por la fiscalía bastará para convencer a sus integrantes de la culpabilidad del policía. Como sucede en todos los juicios penales en Estados Unidos, la culpabilidad o inocencia de García Luna será determinada por un grupo de doce ciudadanos ordinarios, todos residentes de Brooklyn, quienes no podrán condenar al policía a menos de que concuerden unánimemente en que la fiscalía ha probado la veracidad de las acusaciones “más allá de toda duda razonable”. El jurado tiene la obligación de atenerse únicamente a la evidencia presentada durante el juicio —la cual puede incluir pruebas documentales o circunstanciales, así como declaraciones orales de testigos que juran decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad— y de no permitir que la opinión pública influya en su veredicto, por lo que sus miembros tienen prohibido seguir la cobertura del caso en los medios de comunicación.