Por: Javier Flores
Ilustración: Oldemar González, cortesía de Nexos
De ser convertido en Ley General, el Anteproyecto de Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación anularía las libertades de cátedra e investigación, que son valores centrales de la autonomía universitaria. Adicionalmente, los programas de apoyo a la investigación no se decidirán solamente por convocatorias o concursos abiertos para ser evaluados por pares, sino que habría paralelamente una asignación discrecional de recursos para aquellos de interés de la dirección general, supuestamente dirigidos a la “solución de los problemas nacionales” que estarían alineados con los objetivos de los Pronaces y de una Agenda Nacional, cuyas características se definen por la dirección general, sin participación de la comunidad científica. Significa, además, un golpe a las entidades federativas en su participación en la política nacional de ciencia y tecnología. Aunque en varias ocasiones se menciona en el texto a la democracia, en realidad se trata de una extensión en el campo de la ciencia de una postura completamente autoritaria, incluso dictatorial.