Por: Jordi Díez
Ilustración: Belén García Monroy, cortesía de Nexos
El ataque del presidente al titular del juez no se trata simplemente de una declaración aislada derivada de su frustración al ver atorarse una política pública, sino que forma parte de una serie de acciones y declaraciones acumuladas durante años que claramente reflejan la intención de debilitar la independencia del poder judicial. Ya sea la manera cuestionable en que presentó al Senado de la República las ternas de candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la relación estrecha que ha forjado con el presidente de la Corte Arturo Zaldívar (perfectamente ilustrada por la decisión de invitarlo al nuevo aeropuerto de Santa Lucía y del ministro en aceptarla), la presión que ha ejercido al quehacer de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o los desubicados ataques al ministro en retiro, José Ramón Cossío Díaz, uno de los juristas más respetados en América Latina, queda claro que la intención del presidente y su equipo (pues el que calla otorga) es restarle independencia al poder judicial. La situación es grave y la tendencia real: de acuerdo con el índice “restricciones judiciales al ejecutivo” elaborado por el proyecto sueco Variedades de la Democracia (el proyecto a cargo de medir el desarrollo democrático más ambicioso en la historia), la independencia judicial ha registrado un descenso en los dos últimos años no visto desde los años 30.