Por: Miriam Zamora Chávez
Ilustración: Patricio Betteo, cortesía de Nexos
Como muchos otros países de América Latina, en las últimas tres décadas México se ha visto empujado a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto ha sido la consecuencia de los complejos problemas asociados a la movilidad humana y la evolución del sistema jurídico global, así como de la especialización de las instituciones y las exigencias de la sociedad civil, los medios y el sector académico. El gobierno mexicano asumió estas obligaciones de manera formal en 1990, cuando ratificó el primer tratado internacional en la materia: la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Este documento obliga a los Estados que lo suscriben “a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las personas menores de dieciocho años de edad, independientemente de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia, clase social, condición familiar”.