Por: Carlos G. Guerrero Orozco y Daniela Pons Aranda
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
La corrupción es un problema que se origina en diversos factores. Por ello, la toma de decisiones automáticamente apunta al Estado, a los políticos, a nuestros representantes, ya que históricamente hemos visto al Estado como el único responsable de la corrupción. Sin embargo, los ojos de la sociedad deben enfocarse también en el sector privado. Son los empresarios y las empresarias quienes, a través de medidas de autorregulación, pueden impulsar una batalla eficaz contra la corrupción. A través de la implementación de políticas de integridad, que no se reducen a contar con un código de ética enmarcado en la pared de una oficina —o peor aún, guardado en el cajón—, el sector privado puede prevenir actos de corrupción, que llevan también a la pérdida de ganancias en la empresa y en sus operaciones con terceros. Además, estas medidas de autorregulación evitan mayores costos, asociados con la atención de estos problemas desde fuera del sector y trae consigo procesos más eficientes.