Por David Jáuregui
Ilustración: Izak Peón, cortesía de Nexos
Los recurrentes episodios entre el crimen organizado y el medioambiente no son casos aislados. Podemos leerlos como una advertencia de que, en lugar de ser áreas sin actividad humana y bajo control y cuidado del Estado, las Áreas Naturales Protegidas son llamativas y proclives a que ahí “gobiernen” organizaciones criminales que explotan sus materias primas o territorios. Ello implica que estamos frente a un problema tanto de medioambiente como de seguridad pública. Pero antes que nada es un problema de información: no tenemos clara su magnitud, ni cómo opera exactamente esta posible gobernanza criminal, por lo que los esfuerzos para atenderla deben empezar por entenderla mejor. A propósito del (des)interés en las Áreas Naturales Protegidas, en marzo de 2022 se dio a conocer que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) está “en inoperancia” debido a un recorte del 75 % de su presupuesto corriente. Sin embargo, no sólo se trata de dinero: el gobierno debe empezar a tomar en serio las señales de alerta sobre gobernanza criminal en las Áreas Naturales Protegidas.
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