Por: Rafael de Hoyos
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
A más de un año del comienzo de la pandemia, tenemos suficiente información para afirmar que, si se siguen protocolos sencillos, los riesgos sanitarios asociados a la reapertura de escuelas son relativamente bajos. Hoy también tenemos evidencia que comprueba lo que era obvio desde el comienzo de la pandemia: cerrar las escuelas disminuye los aprendizajes de los estudiantes. Al no tener un dispositivo con acceso a internet y padres con escolaridad suficiente, la pérdida de aprendizajes —con respecto al escenario en donde las escuelas permanecen abiertas— es mucho mayor entre los estudiantes en situación de pobreza. Las niñas y los niños en condición de pobreza no sólo han pasado más de un año sin adquirir aprendizajes curriculares, sin escuelas, muchos perdieron la ingesta calórica más importante del día a través de la comida escolar y para algunas y algunos el cierre de escuelas significó la falta de un espacio seguro, libre de la violencia, la negligencia y el maltrato que viven en su hogar. Esta información debería ser suficiente para que la autoridad educativa y la sociedad en su conjunto hicieran todo lo que estuviera a su alcance para reabrir las escuelas y, de no haber condiciones para hacerlo, se aseguraran de que las escuelas fueran las primeras en reabrir cuando el contexto lo permitiera.