La respuesta del gobierno mexicano a la petición de detener y extraditar a Rubén Rocha y nueve personas más por parte de Estados Unidos es política. Demandar pruebas irrefutables es pretexto para el regateo; no se suelen firmar tratados de extradición con regímenes desconfiables o con países cuyos sistemas judiciales no cumplen estándares mínimos. Por eso, porque se confía en la contraparte, se le da tiempo para obtener evidencias rigurosas. Se asume, por lo demás, que en su momento habrá debido proceso. Si se reciben indicios de sospechas fundadas, se procede. A menos, claro, que haya razones de otra índole para no hacerlo.
Es el caso de México. La 4T no quiere mandar a Rocha a Nueva York porque es demasiado cercano a López Obrador, porque es un conspicuo representante del movimiento y porque supone que si cede abrirá la puerta a una retahíla de extradiciones de políticos cuatreros. Todo indica que su decisión es resistir hasta donde pueda para no sentar un mal precedente, apostando a que a partir de sus elecciones de noviembre Donald Trump será un “pato cojo”. Si hay presión lo procesarán aquí, si presionan más lo meterán un rato a la cárcel y tal vez, en una situación límite, lo despacharían. El endurecimiento tiene explicación, sin duda, pero no tiene muchos asideros. Porque una vez más, como en la negociación de los aranceles y el T-MEC, se parte de la falsa premisa de que Trump es un interlocutor racional y predecible.
Y es que la presidenta Sheinbaum y/o sus asesores piensan, con razón, que el mandatario estadunidense está emproblemado en Irán y que tiene una abultada agenda. Se equivocan, sin embargo, en creerlo secuencial y en descartar que tome cartas en el asunto mexicano mientras no salga de la guerra en Medio Oriente, de su embestida contra Cuba o del ajuste de cuentas con la Unión Europea. Estados Unidos tiene un abanico tan amplio de represalias que puede aplicarnos que no requiere distraer mucho a la Casa Blanca para propinarnos un par de cachetadas. Seguramente eso explica la propuesta de revisar nuestros consulados, y no dudo que tengan una baraja de acciones crecientemente dañinas.
No me espantaría de ello si la causa fuera digna de confrontación. No estamos mancos, y salir con un brazo fracturado vale la pena cuando se trata de defender a nuestros paisanos migrantes o de evitar abusos comerciales. Pero arriesgar el físico nacional por defender al impresentable Rocha y sus compinches o incluso a AMLO, por Dios… Las complicidades están a la vista y hasta en Morena los saben indefendibles. Y así los defienden: ahora resulta que son unos prohombres dignos de ser envueltos en el lábaro patrio. La indignación oficial que clama la perpetración de una injusticia contra ellos suena tan ridícula como los alegatos de los abogados de Al Capone quejándose de atropello en los cargos por crímenes gansteriles. En los hechos, hacen de los diez impugnados sinaloenses próceres de la transformación, una suerte de decena patriótica que amerita estirar una cuerda que, de romperse, nos dejaría entre las patas de los caballos jingoístas de un señor urgido de votos para su partido. ¡No jodan!
Por cierto, si los cuatroteros quieren seguir con el espantajo de la traición a la patria, allá ellos. Están escupiendo para arriba.