Dos días antes de la masacre en El Paso, esta columna observó la fascinación por las armas de algunos estadunidenses, y advirtió:
“Mientras que en Estados Unidos, las matanzas las cometen sicópatas y racistas, en México, narcotraficantes y criminales.
Sin duda, es racista Patrick Crusius, responsable del tiroteo que causó la muerte y heridas de varios mexicanos, quien antes del crimen manifestó su repudio a la “invasión hispánica”. Será acusado de “terrorismo doméstico”, delito que conlleva la pena de muerte en ese estado.
Resultaría paradójico que México pida la extradición de un criminal que en los hechos lo salvaría de la pena capital, aplicable en Texas, pero no en nuestro país. Sería difícil que México pudiera establecer un fundamento jurídico para lograr la extradición. Parece remoto que Estados Unidos determine que nuestro país cumple con alguno de los dos supuestos establecidos en el Artículo 2 del Tratado de Extradición, vigente entre ambos países:
Cuando el delito se haya cometido fuera del territorio de la Parte requirente (México), la Parte requerida (Estados Unidos) concederá la extradición si:
a) sus leyes (de México) disponen el castigo de dicho delito cometido en circunstancias similares (el castigo de pena de muerte fue abolido en México y el delito de “terrorismo doméstico” no está tipificado) o,
b) la persona reclamada es nacional de la Parte requirente (Patrick Crusius no es nacional mexicano), y ésta tiene jurisdicción de acuerdo con sus leyes para juzgar a dicha persona (no parece que México tenga jurisdicción para juzgarlo por el hecho de que hubo víctimas mexicanas).
Con base en lo anterior, parece una decisión no ponderada plantear la solicitud de extradición por parte de México, a menos que se haya hecho por otros fines, no jurídicos.
En cambio, si bien se ha planteado la cooperación estadunidense para frenar el contrabando de armas, no se ha exigido de manera recíproca y proporcional a la colaboración migratoria que México brinda a Estados Unidos.
México tiene que hacer su propia tarea en el combate al tráfico de armas y no solo echar la culpa al vecino del norte, de igual forma como desplegó la Guardia Nacional en la frontera norte para contener la migración aduciendo el respeto a las leyes internas.
Pero si México no exige a Estados Unidos que sea más estricto en el control de la venta de armas en su territorio y que proporcione información de inteligencia sobre el mercado clandestino, sin la cooperación bilateral, narcotraficantes y criminales mexicanos seguirán practicando actos terroristas en nuestro propio país sin mayor freno.
Amparados en la Segunda Enmienda, que consagra el derecho a la posesión de armas de fuego, existe una alianza entre el presidente Donald Trump y la Asociación Nacional del Rifle, la cual donó 11.4 millones de dólares en la pasada campaña presidencial.
Ante este panorama, poco se puede hacer para impedir la presión a México del fuerte tejido de intereses políticos, económicos y antiinmigrantes que apoya a Trump, excepto ceder soberanía.
Como escribió Benito Juárez en el manifiesto del 15 de julio de 1867, al triunfar la República sobre el Imperio:
“Ha cumplido el gobierno el primero de sus deberes no contrayendo ningún compromiso en el exterior ni en el interior, que pudiera perjudicar en nada la independencia y soberanía de la República”.
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@AGutierrezCanet