La evaluación educativa se entiende como un proceso sistemático que permite juzgar el mérito de una institución, de un programa o de un actor del proceso educativo, con la complejidad y el desafío permanente que significa transmutar lo subjetivo en proposiciones objetivas.
La evaluación educativa constituye un campo especializado cuyo rango de actividades rebasa los espacios tradicionales del aula y que, en los albores del nuevo milenio, se ha constituido en un campo teórica, metodológica y técnicamente complejo. Incluso, es posible afirmar que la evaluación misma se ha convertido en un asunto de Estado, materializado en políticas y estrategias que han servido para impulsar y asegurar la calidad de la educación.
En este sentido, la evaluación educativa ha cobrado relevancia a partir de las últimas décadas en nuestro país al reconocerla como un proceso sistemático y permanente cuyos resultados posibilitan a las autoridades educativas la toma de decisiones, en la perspectiva de mejorar y elevar la calidad educativa.
La evaluación es, en cierto modo, un juicio hecho sobre un dato o conjunto de datos con referencia a determinados valores de referencia. La evaluación educativa, si se postula como un elemento estratégico para la política y la administración de la educación, no puede apoyarse en prejuicios o posiciones ideológicas, sino que precisa de la existencia de un análisis científico de la realidad que se enjuicia a la luz de valores explícitos de referencia, y en esto puede ayudar el establecimiento de indicadores. Si la evaluación implica juicio, éste debe resultar de observaciones concretas basadas en normas o valores lo más objetivos posibles.
Por otra parte, la evaluación puede considerarse como la apreciación sistemática, sobre la base de métodos científicos, de la eficacia y de los efectos reales, previstos o no, buscados o no, de las políticas educativas y del sistema educativo, tanto desde la perspectiva de un microenfoque -centrado en el aula, escuela o zona- como de un macroenfoque -centrado en los distintos niveles y modalidades y, también, en su conjunto.
Debido a su expansión en los años setenta y ochenta, el Sistema Educativo Mexicano (SEM) se vio obligado a estimular y apoyar el establecimiento y crecimiento de las instituciones educativas para atender la demanda de servicios, descuidando, sin proponérselo, la calidad de éstos. Así, a lo largo de la década de los noventa, surgen dos cuestionamientos sustanciales sobre la educación nacional: el de la calidad y el de la eficiencia, que han permanecido hasta los años recientes.
En torno al SEM, existen evidencias que muestran la escasa, limitada o preocupante calidad y eficiencia de instituciones, profesores y alumnos, además de sus programas e instrumentos. Debido a esa situación, a partir de los años noventa, se establecen en el país políticas de Estado tendientes a favorecer el desarrollo de la evaluación como recurso para mejorar la calidad de las instituciones, los programas y los actores de la educación. Si bien existe la necesidad de transitar hacia una cultura de la evaluación en México, debemos reconocer que este planteamiento constituye un reto para que esta práctica se convierta en un ejercicio permanente en los distintos espacios, programas, procesos y prácticas educativas.
Alfonso Torres Hernández