El tema de la permanencia se ha constituido en una cuestión que interpela los derechos laborales del magisterio, siempre cobijada bajo los discursos del mejoramiento de la calidad del servicio que prestan las maestras y maestros, que además cuentan con el dispositivo de la evaluación de desempeño como el instrumento para toma la de decisiones. Este tema, el de la permanencia, nos remite a una historia reciente, quizá de las más vergonzosas en contra del magisterio que, desde la implementación de políticas neoliberales, incluidas por supuesto el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (1994) y la incorporación de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se configuró mediáticamente la idea de que las maestras y maestros eran los responsables de deterioro educativo. Más adelante (año 2000) con la entrada al poder gubernamental del Partido Acción Nacional (PAN), una de las acciones fue colocar como un asunto prioritario las evaluaciones del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) en los países de la OCDE que fueron referente central para determinar que el sistema educativo en México estaba en crisis y se reiteraba que los docentes eran los culpables principales. De esta manera desde los dos sexenios panistas (2000-2012) se configuró un escenario social y político desalentador para los docentes donde el gobierno federal, los medios masivos de comunicación y el empresariado los colocaron como “chivo expiatorio” de la mala calidad educativa ante la complacencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que además, fue comparsa no solo en los señalamientos sino en la definición de políticas. Es conveniente mencionar que desde 2004, la OCDE presentó uno de sus principales proyectos en materia educativa expresado en el documento Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (atraer, capacitar y conservar profesores eficientes), en el cual participarón veinticinco países, incluido México. En este documento se justificaba la búsqueda de una “mejor calidad educativa” con lo que denominó como “preocupaciones políticas” centradas en la capacitación, contratación y conservación de profesores eficientes (OCDE, 2004). La eficiencia la concebía ausente de los profesores de mayor antigüedad y con mayor presencia en profesores principiantes, sin ofrecer evidencias de diagnóstico de esta percepción. La preocupación política de “conservar a los profesores eficientes en la escuela” se tradujó más adelante en políticas para la permanencia.
Con este escenario construido, en 2012, el gobierno priista (que recuperó el poder después de 12 años) concretó en su reforma constitucional en materia educativa, las políticas necesarias para continuar la instrumentación de las recomendaciones de la OCDE, particularmente en tres líneas: recuperación de la rectoría de la educación (que estaba, y parece seguir estando en manos del SNTE), la evaluación de la educación y la regulación del servicio profesional docente. Las tres líneas de acción se conjugaron para colocar al centro de la política peñista la evaluación de desempeño docente, es decir, la permanencia.
El carácter punitivo de la política de evaluación de desempeño (permanencia) se expresaba claramente en el artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente (2013): “En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda”. Esta política tuvo en el SNTE a uno de su mejores aliados y tuvo que ser la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quien encabezara la resistencia a su implementación, que finalmente tuvo sus frutos con la escucha por parte de López Obrador para la derogación de la LGSPD en 2019 y el establecimiento de la Ley General del Sistema para la Carrera de la Maestras y Maestros que eliminó el carácter punitivo de la evaluación de desempeño.
Ahora, en la presentación de las líneas de política educativa de Claudia Sheinbaum, presidenta entrante en 2024, la sombra de la permanencia aparece nuevamente, y de la mano del nuevo secretario de Educación Pública, que fue comparsa en la política peñista y aliado de empresarios para la evaluación punitiva a los docentes. Si no se recupera la historia y si no se escucha y recupera “la voz de los docentes” como se proclamó el 5 de octubre de 2024 en el Día Mundial de las y los Docentes, para establecer políticas más sensibles y pertinentes que lleven a mejorar las condiciones salariales y de trabajo docente, el asunto de la permanencia puede constituirse nuevamente en una “piedra en el zapato” para el gobierno entrante.