La política educativa implementada en la administración gubernamental de Andrés Manuel López Obrador, reconoció desde un principio la afectación que la corrupción ha tenido en la calidad de la educación y particularmente en aquellos que más lo necesitan. Bajo estas premisas se plantearon seis ejes prioritarios de atención: educación de excelencia para aprendizajes significativos; maestras y maestros como agentes de la transformación educativa; entornos educativos dignos y sana convivencia; deporte para todas y todos; y rectoría del Estado en la educación y consenso social. Estos ejes se articularon y orientaron en su desarrollo a través de los principios rectores y valores de lo que se denominó como Nueva Escuela Mexicana: la honestidad, honradez, ética, libertad y confianza (Programa Sectorial de Educación 2020-2024).
Al cierre del sexenio presidencial, me parece pertinente reflexionar sobre algunos aspectos de esta política educativa que, como todos sabemos, se vio fuertemente alterada por la pandemia del covid-19. En primer término, reconozco que la Nueva Escuela Mexicana se construyó y fundamentó desde una filosofía diferente que coloca a la educación como un dispositivo de transformación social, visualizándola como un derecho humano y no como un servicio. El derecho a la educación se constituyó entonces como elemento esencial para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tuvieran un panorama abierto para el acceso y desarrollo de una educación con sentido democrático, incluyente, justo y equitativo. En la instrumentación de estrategias para concretar esta filosofía de la NEM quedan pendientes en la atención de desigualdades sociales presentes en la población más vulnerable. En el caso de la educación superior, la gratuidad no se ha concretado en su totalidad, sin embargo, los programas de becas han sido fundamentales para evitar rezagos y deserciones.
La política de atención a las maestras y maestros inició con la abrogación del Ley General del Servicio Profesional Docente para dar paso a la Ley General del Sistema de las Maestras y los Maestros (2019). Con esta ley se daba respuesta a una de las demandas más sentidas del magisterio provenientes de la política implementada en el sexenio de Peña Nieto caracterizada por lo punitivo de la evaluación de desempeño y la afectación de sus derechos laborales. La LGSMM se acompañó de la creación de dos instancias: la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). El balance de ambas instancias no fue el más favorable en el fin de sexenio, la Usicamm mantuvo una lógica de operación neoliberal (cálculo, control y meritocrático) en sus procesos de admisión, promoción y reconocimiento, además de una escasa articulación y control con las entidades federativas, particularmente en el manejo transparente de las plazas disponibles, creación de plazas y criterios para la promoción. Esta situación llevó a que el magisterio tuviera rechazo ante esta instancia y tuviera eco en la promesa de su desaparición por parte de Claudia Sheinbaum, en su calidad de presidenta electa. Respecto a la Mejoredu, aunque su misión ha sido de carácter académico, no logró establecer una conexión pertinente y valiosa con el magisterio, que en momentos la percibieron como una instancia que representaba más trabajo para ellos y no como un apoyo a su labor pedagógica. La instancia se encuentra en una situación que la llevaría a su desaparición por parte del gobierno actual. En la cuestión salarial, si bien se ha dado una recuperación sustantiva, falta fortalecerlo en su poder adquisitivo, en el concurso de otras políticas y mejora de las condiciones de trabajo docente.
El Plan de Estudios 2022, ha sido un dispositivo que marcó de manera sustantiva la filosofía política del actual gobierno. Pensar en la construcción de una nueva narrativa político-pedagógica (humanismo, pensamiento crítico, interculturalidad, inclusión, educación ambiental, equidad de género, estética, colectividad, comunidad) constituye las bases para formación de una ciudadanía diferente y otorga a la escuela la importancia social que debe tener. Sin embargo, la ausencia de un acompañamiento formativo para su comprensión y apropiación ha colocado al magisterio en zonas de incertidumbre y resistencia, lo que representa un riesgo para su concreción.
El gobierno entrante deberá tener la sapiencia y sensibilidad necesaria para saber qué permanece, qué se elimina y qué se modifica en materia de política educativa, principalmente para dar mayor sentido a la educación como derecho humano.