Hace 81 años, en un mundo devastado por la guerra, representantes de distintos países se sentaron alrededor de una mesa para construir algo que hasta entonces parecía imposible: un sistema de cooperación internacional basado en el diálogo, el derecho y la convicción de que la paz y la dignidad humana son responsabilidades compartidas. De aquella decisión nació la Organización de las Naciones Unidas.
Hoy, entre conflictos, polarización y cuestionamientos al multilateralismo, es legítimo preguntarnos si aquella promesa sigue vigente.
Mi respuesta es que no solo sigue vigente: es más necesaria que nunca. Pero estoy convencida de que defender los principios de las Naciones Unidas exige transformar la organización que los representa.
No se trata de defender una institución por lo que ha sido, sino de demostrar lo que todavía puede y debe ser.
Este aniversario llega en un momento doloroso. En Gaza, Sudán, Yemen y otros lugares del mundo, los conflictos siguen cobrando innumerables vidas, desplazando a millones de personas y dejando comunidades enteras en extrema vulnerabilidad.
En medio de la devastación, el personal de las Naciones Unidas continúa trabajando en condiciones de enorme riesgo para brindar protección y asistencia a quienes más lo necesitan. En los últimos años, más de 300 colegas han perdido la vida en conflictos, muchos mientras cumplían esa misión.
Honrar su memoria exige redoblar nuestros esfuerzos para que la cooperación prevalezca sobre la confrontación, defender el derecho internacional y proteger a quienes trabajan por la paz y la dignidad humana.
Se habla de crisis sin precedentes. Y aunque los desafíos actuales son enormes, la historia nos recuerda que el mundo ha enfrentado, reiteradamente, momentos de incertidumbre.
La historia de la ONU también es la de países que, pese a sus diferencias, encontraron maneras de dialogar, negociar y construir acuerdos. No siempre lo hemos conseguido. Ni hemos llegado tan lejos como hubiéramos querido. Pero tampoco estamos donde estábamos en 1945. En estas ocho décadas hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos humanos, la libre determinación de los pueblos y la igualdad soberana de los Estados, y hemos acompañado los procesos de independencia de numerosos países. Hemos ampliado derechos y construido mecanismos de cooperación que han transformado la vida de millones de personas.
Ninguna de estas conquistas fue inevitable. Fueron resultado de la determinación de quienes se negaron a aceptar que el mundo debía permanecer como era.
En 1945, al redactar la Carta de la ONU, un pequeño grupo de mujeres delegadas, muchas de ellas latinoamericanas, luchó para que la igualdad de derechos entre mujeres y hombres quedara expresamente reconocida en el documento fundacional. Gracias a su determinación, esa igualdad quedó consagrada en la Carta de la ONU. Como mujer representante de las Naciones Unidas, soy consciente de que hoy no ocuparía esta responsabilidad si no fuera por las puertas que aquellas pioneras contribuyeron a abrir.
Es un ejemplo de cómo las decisiones tomadas en negociaciones internacionales pueden transformar, durante generaciones, las oportunidades y los derechos de las personas. Y también de por qué esas conquistas nunca deben darse por sentadas.
Esa convicción tiene especial resonancia en México. Desde mi llegada al país, hace unos meses, he encontrado una profunda afinidad entre los principios que dieron origen a la ONU y algunas de las ideas que orientan la política nacional: el humanismo mexicano, que sitúa la dignidad de las personas en el centro de la acción pública; la prosperidad compartida, que reconoce que el desarrollo solo tiene sentido cuando sus beneficios llegan a todas las personas; y el diálogo entre iguales, que reivindica el respeto mutuo, la soberanía y el derecho de todos los países a participar en la construcción de soluciones comunes.
Estas ideas reflejan profundamente los valores de la ONU. Como afirmó el canciller, Roberto Velasco Álvarez, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre: “México no necesita adaptar su política exterior a la Carta de las Naciones Unidas, pues la lleva escrita en su Constitución. Cuando mi país defiende el multilateralismo, cumple un mandato constitucional”.
Sus palabras expresan una convicción fundamental: para México, los principios del multilateralismo no son únicamente compromisos internacionales, sino que forman parte de su propia identidad constitucional y de su visión del papel que debe desempeñar en el mundo.
Pero hay algo especialmente importante: el respaldo de México a las Naciones Unidas no está exento de exigencias. Y así debe ser.
Porque la legitimidad de nuestra organización no puede descansar únicamente en los ideales que proclama. Debe demostrarse, todos los días, en su capacidad de transformar esos ideales en resultados concretos para las personas.
Las Naciones Unidas necesitan cambiar. Debemos reconocer nuestras limitaciones, superar la fragmentación, reducir duplicaciones y fortalecer nuestra capacidad de responder a desafíos cada vez más complejos, con recursos cada vez más limitados. Ese es el propósito de la iniciativa de reforma ONU80, impulsada por el Secretario General, António Guterres, con la participación de los Estados Miembros, incluido México.
Pero la transformación no puede quedarse en las estructuras, los procesos administrativos o los debates institucionales. La verdadera medida de una reforma debe ser su impacto en la vida de las personas.
En México estamos dando pasos concretos en esa dirección. El Sistema de las Naciones Unidas está impulsando 15 iniciativas insignia que integran los mandatos, conocimientos y capacidades complementarias de nuestras agencias, fondos y programas para responder conjuntamente a prioridades nacionales.
Parten de una convicción sencilla: los desafíos del desarrollo no están divididos por mandatos institucionales y nuestras respuestas tampoco deberían estarlo. Detrás de este esfuerzo están también las más de 1,700 personas que trabajan para la ONU en México, junto con instituciones públicas, sociedad civil, comunidades, academia y socios.
Su compromiso demuestra que la cooperación multilateral adquiere verdadero sentido cuando se traduce en oportunidades, derechos y bienestar para las personas.
A sus 81 años, las Naciones Unidas no necesitan una defensa nostálgica de su pasado. Necesitan una renovación de su promesa fundacional. La promesa de que los países pueden encontrar soluciones comunes incluso cuando sus intereses divergen. De que la paz debe prevalecer sobre la violencia. De que el desarrollo debe alcanzar a todas las personas. Y de que los derechos humanos no pueden depender del lugar donde alguien nace, de su género o de sus circunstancias.
Esa promesa no pertenece a una organización. Pertenece a los pueblos del mundo. Por eso, en este Día ONU, mi llamado no es a defender una institución, una estructura o una burocracia. Es a defender la idea que hizo posible su creación. Y a asumir que esa responsabilidad nos corresponde a todas y todos.
Porque el multilateralismo se defiende practicándolo. Cuando elegimos el diálogo por encima de la división. La cooperación por encima de la confrontación. Y la solidaridad por encima del miedo.
A 81 años de la fundación de la ONU, quizás esa sea nuestra tarea más importante: no renunciar a la idea de un mundo mejor, pero tampoco conformarnos con los esfuerzos realizados hasta ahora. Porque el futuro de la ONU no depende únicamente de nuestra capacidad de preservar sus principios. Depende de nuestra capacidad de convertirlos en realidad.