Desde el inicio de su administración, el gobernador Alejandro Armenta dio en el clavo al denunciar la existencia de un Cártel del Despojo en Puebla: una red donde abusivos y vivales operan bajo el amparo de algunos integrantes del Poder Judicial que, sin escrúpulos, tuercen la ley para enriquecerse. El tema cobra vigencia luego de que advirtiera que miembros de este grupo pretenden ir a las urnas en 2027.
Para muestra, un botón: el caso de La Covadonga retrata a la perfección este modus operandi de proteccionismo. El 14 de mayo, la Fundación Julita y Antonio solicitó al juez local Francisco Martínez fijar la audiencia pública para determinar la restitución del primer predio de 8.5 hectáreas invadido el 9 de abril de 2023.
Sin embargo, el 31 de mayo el juzgador se negó argumentando la posible afectación a terceros. La fundación apeló y el Tribunal de Alzada del Tribunal Superior de Justicia revocó la decisión, ordenando convocar de inmediato a la diligencia.
Pese al mandato superior, el 22 de septiembre el juez Francisco Martínez suspendió de forma la audiencia, exhibiendo –por decir lo menos– su falta de conocimiento en los procesos. ¿El pretexto? Un escrito simple presentado por el imputado Jorge N. donde afirmaba haber tramitado un amparo.
El juzgador omitió una regla elemental: la suspensión solo procede si la autoridad federal notifica oficialmente la medida provisional. Para cerrar el desacierto, el 29 de septiembre el juzgado federal negó el amparo a Jorge N.
Este manoseo procesal no es torpeza; es la trinchera burocrática al servicio de los invasores. Mientras la justicia federal enmienda la plana y la Fiscalía captura a jueces bajo sospecha —ahí está el caso del juez Enrique N.—, la sociedad demanda una depuración de fondo en el Poder Judicial.
Romper los cárteles del despojo exige erradicar la complicidad de quienes, vistiendo toga, convierten las salas de audiencia en el escudo impune del delito, atropellando el Estado de derecho. Por eso, quien esto escribe no dejará de seguir el caso. ¿Y todavía quieren ser votados en 2027?