Reclusorios llenos, bombas de tiempo

Puebla /
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En las páginas de MILENIO y en entregas especiales de M+ hemos documentado a fondo las grietas del sistema penitenciario poblano, pero las cifras oficiales confirman que el problema escala a un nivel crítico.

Organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo han advertido con claridad: cuando la sobrepoblación rebasa los límites operativos reales, el Estado cede el control, se disparan las extorsiones y las cárceles se vuelven bombas de tiempo listas para estallar.

De acuerdo con información recabada por nuestro compañero David Meléndez, el Cuaderno Penitenciario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, reporta que al cierre del tercer trimestre, la mitad de los 16 reclusorios de Puebla operan con hacinamiento.

El caso más alarmante es el penal de San Pedro Cholula, con una sobrepoblación de 188.6 por ciento al albergar a 459 internos en apenas 159 espacios. Le siguen Libres, que duplica su cupo con 102.9 por ciento, Acatlán de Osorio con 84.4 y Huejotzingo con 82.9, además de Tepeaca, Tehuacán, Zacapoaxtla y Tecamachalco.

El riesgo de perder la gobernabilidad interna no es una hipótesis lejana. Incluso en centros como San Miguel, en la capital, las alertas ya se encendieron tras las protestas de supuestos familiares que denunciaron cobros de piso y desquiciaron las vialidades del área metropolitana con el afán de mostrar un poder que no les corresponde; además, la investigación abierta por la Secretaría de Seguridad Pública sobre disputas entre grupos delictivos por el dominio del penal, que derivó en el traslado inmediato de varios reos es reflejo de esas pugnas.

Es positivo que el gobierno estatal realice inspecciones presenciales junto con la Comisión de Derechos Humanos —como ocurrió en Ciudad Serdán— y sostenga que no tolerará el autogobierno. Sin embargo, las supervisiones y traslados son apenas medidas de contención: sin despresurizar los penales distritales ni frenar el abuso de la prisión preventiva, la bomba seguirá activa.


  • Andrés Lobato
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