Faltan días para que se cumplan cinco años de la desaparición de los normalistas en Iguala. A la lucha por encontrarlos y castigar a los perpetradores se suma investigar a quienes utilizaron estos hechos para aviesos intereses.
La esperanza, la indignación y el reclamo de justicia no se pueden convertir en cenizas, por eso es de reconocerse la persistencia de los padres de los estudiantes, que han derrotado al olvido con que se pretendió cubrir estos hechos.
Es de suma importancia la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de dar acompañamiento personal a este caso, retomando el auxilio del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y siguiendo la orientación del Alto Comisionado de la ONU y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Es de esperarse que su cercanía pondrá un freno a las inconsistencias que se venían dando en la actuación de los jueces, que, con decisiones antijurídicas, han puesto en riesgo el caso, al desechar de manera inexplicable elementos clave, como las grabaciones que la DEA entregó al gobierno de México, que confirman la actuación de la delincuencia organizada y su responsabilidad en la agresión a los estudiantes, pero que hoy se encuentran en libertad.
Tampoco fueron capaces de ordenar reponer los procedimientos viciados de la Procuraduría General de la República (PGR) para consolidar la impartición de justicia y hoy, paradójicamente, son la causa de lo causado.
No se sabe si existen avances sobre las nuevas líneas de investigación, como la que sugiere la intervención de El Patrón, o sobre la presunta intervención de las policías municipales de Huitzuco y Tepecoacuilco.
La Fiscalía General de la República deberá atender la recomendación de la CNDH, destacando lo relativo el análisis de los 114 restos óseos y la solicitud de que sean analizados por expertos en la Universidad de Medicina de Innsbruck, en Austria, que podrían arrojar información importante.
Lentamente surgen indicios y testimonios de que la investigación que realizó la Procuraduría General de la República se vició por motivaciones de orden político. Yo siempre percibí un extraño interés de la autoridad federal por alejar al gobierno de Guerrero de las pesquisas, pese a que el entonces procurador Iñaki Blanco, fue quien llevó la investigación por la ruta correcta, llegando a desdeñar incluso las peticiones de información que el Ministerio Público le hizo en esos momentos. Sin duda, ya preparaban su acometida.
Hace poco un periódico de circulación nacional publicó una declaración del profesor Felipe de la Cruz, donde señalaba que el movimiento de los 43 no veía responsabilidad de mi parte en la desaparición de los estudiantes.
Confío en que en esta nueva etapa se resuelva este acontecimiento, pero también, que la verdad alcance a la mentira.
Del anecdotario:
El jueves 23 de octubre del 2014 decidí presentar mi licencia al Congreso del estado para separarme del cargo que los guerrerenses me habían otorgado mayoritariamente.
El texto era claro: “Me niego a que el debate, tras los hechos de Iguala, se centren en mi permanencia o salida como gobernador, para mí, la prioridad es encontrar a los estudiantes desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa.
“En razón de lo anterior, para favorecer un clima político que ponga la atención en encontrar a los jóvenes desaparecidos, he decidido separarme del cargo a fin de no entorpecer las investigaciones”.
De nada sirvió mi separación (como se ha acreditado con el paso del tiempo). Por el contrario, mi presencia les hacía estorbo para construir una verdad histórica que nadie creyó.
En ese tiempo, un representante del Comité Ejecutivo Nacional del PRD estuvo las últimas horas para persuadirme de que renunciara. Mi decisión ya estaba tomada mucho antes.
El dirigente perredista me pidió le facilitara un auto y un chofer para regresar a Ciudad de México.
Apenas salía de Chilpancingo, se detuvo en un Oxxo, para comprar una botella de whisky y sus aditamentos para celebrar mi salida del gobierno....
La política es así.
* Ex gobernador de Guerrero