La consulta a los pueblos originarios

Columna de Ángel Aguirre Rivero

Ángel Aguirre Rivero

Ángel Aguirre Rivero
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La consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos recientemente realizada por el Congreso de Guerrero es un proceso inédito que marca ruta al país.

Construir esta nueva legalidad entraña un choque de dos visiones: una tradicional que da sustento al Estado mexicano; y una emergente, internacional, donde se ponen en la mesa los derechos de los pueblos originarios.

Aunque el ejercicio es amplio y abarca reformas electorales y educativas, lo que ha generado un amplio debate ha sido lo referente a los sistemas de seguridad (policías comunitarias), y sistemas de justicia comunitaria.

No es un proceso sencillo dar paso a procedimientos de procuración y administración de justicia identificados con usos y costumbres, que podrían ser violatorios de los derechos humanos y chocar con el marco normativo reconocido. En ello estriban los desencuentros.

No me voy a referir aquí a los argumentos a favor y en contra de las reformas que se aprobaron al Artículo 14 de la Constitución de Guerrero, y a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. Sólo advertiré que corre el riesgo de ser impugnada por organizaciones no gubernamentales y por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Hay que añadir que las reformas aprobadas se encuentran en manos del Poder Ejecutivo, quien podría realizar observaciones, incluso vetarlas. Y mientras no sean publicadas en el Periódico Oficial, las reformas no tienen vigencia.

Otro elemento, quizá el de mayor importancia, es la revisión que hace la Suprema Corte a la consulta que se realizó. De lo que determinen los ministros, se sentará un precedente para todos los congresos del país, quienes deben consultar a los pueblos originarios cuando legislen sobre sus derechos.

En ello radica la importancia de este proceso sin duda histórico: se debe tomar en cuenta la opinión, aceptación o rechazo de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Lo que está a discusión en este proceso, es modelar un nuevo pacto social, el reconocimiento a la multiculturalidad de nuestra nación, que es consecuencia de una larga lucha, así como la preservación de la integridad de Estado mexicano.

También hay que decir que hay una normatividad internacional que favorece al reconocimiento de los sistemas normativos de los pueblos originarios, que debe respetarse.

En lo personal, creo que las culturas indígenas forman parte de los cimientos sobre los que se ha construido el país, que han sido excluidas por décadas, y que es tiempo de dar paso a la inclusión.

El primer paso está dado, y resolverá en la forma, (de ser validado) el derecho de los pueblos originarios ser tomados en cuenta cuando sus derechos pudieran ser modificados. En el fondo, queda por resolver el entramado legal que conduzca a una conciliación entre dos mundos: el de las leyes y reglamentos, y el de los usos y costumbres.

Del anecdotario

En nuestra reciente reunión del Foro Plural de Exgobernadores de México dimos la bienvenida a Beatriz Paredes Rangel, senadora y exgobernadora del Estado de Tlaxcala. Melquiades Morales Flores, exgobernador del estado de Puebla; Joaquín Hendricks Díaz, exgobernador del estado de Quintana Roo, Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador del estado de Chiapas y Eruviel Ávila Villegas, exgobernador del Estado de México, quien envió un digno representante. La presencia de todos ellos fortalecerá este espacio de reflexión y propuestas. Llegamos así a más de 23 exgobernadores de distintos partidos políticos…

¡La nave va! 

Ángel Aguirre Rivero*

* Ex Gobernador de Guerrero


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