Desde hace 5 años, México está bajo la lupa del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU por la crisis de desapariciones que se vive y los indicios de que existe la desaparición forzada, es decir, cometida por agentes del Estado. La relación entre el CED y el gobierno ha sido compleja y tensa desde el inicio, pues la voluntad política ha llegado, pero a cuentagotas, mientras siguen desapareciendo cada vez más personas.
Apenas el 20 de octubre, el CED presentó su informe anual. Luego de revisar la respuesta y el actuar del Estado Mexicano después de las numerosas recomendaciones emitidas ante la gravísima crisis de desapariciones, activó el artículo 34 de la Convención, al concluir que hay indicios bien fundados de que hubo y se siguen perpetrando desapariciones forzadas cometidas de manera sistemática o generalizada. Esto no es una sanción, sino un mecanismo de alerta y cooperación.
Hay que reconocer que la visita a México del Comité, en noviembre de 2021, se logró luego de al menos 7 años de solicitudes de las familias y la negativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto de recibir al grupo de personas expertas. Sin embargo, desde el anuncio de su visita en 2021 el tema ha sido muy complejo, pues a pesar de la apertura del Estado Mexicano, las conclusiones e informes del CED no han sido completamente aceptadas y han tratado de minimizarse.
En esa ocasión, tanto grupos de familias buscadoras y periodistas como el CED hicieron colosales esfuerzos para abarcar el mayor espacio geográfico e información posible en un tiempo reducido (viajando a lugares como CDMX, Jalisco y Coahuila, reuniéndose con representantes de decenas de colectivos y familias buscadoras), y tratar de explicar desde la experiencia directa cómo se ha vivido la situación en el país en relación con las desapariciones, y cuál ha sido el papel del Estado.
No sólo ha sido lamentable la respuesta del Estado —y es Estado y no gobierno, porque lo que representa el Estado Mexicano y su responsabilidad ante este fenómeno permanece y se ha heredado desde diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra al crimen organizado—, sino sumamente escueta y siempre dos o tres pasos atrás de las familias.
Si bien el reciente informe del Comité CED sí reconoce que México ha cooperado al comprometerse para luchar contra la desaparición forzada, también menciona que el Estado se mostró en desacuerdo con el seguimiento respecto al artículo 34 de la Convención, el cual puede utilizarse para señalar que hay suficientes elementos sólidos “de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo jurisdicción de un Estado”.
Pese a que en la sesión la representación de México reconoció la existencia de las desapariciones forzadas —es decir, la participación del Estado en este delito—, las redujo principalmente al ámbito municipal, y se mantuvo con la misma postura de seguir evitando el reconocimiento de su dimensión e impacto. El 26 de octubre la Segob y la SRE publicaron un comunicado conjunto relatando que durante la sesión se expusieron los motivos por los cuales el gobierno “difiere” de la interpretación del CED, lo que demuestra la insistencia del discurso negacionista que ha sido característico desde la llegada del grupo de expertos de la ONU.
Mientras que los colectivos, la sociedad civil y las Naciones Unidas han señalado lo preocupante de la crisis de desapariciones en México, la respuesta del Estado ha sido constante y permanente: negar las desapariciones forzadas.
Durante la presentación del informe, un grupo de personas buscadoras fue desalojado de la sala de la Asamblea General de la ONU al mostrar las fotografías de sus seres queridos. Me parece que esta lamentable acción ilustra, paradójicamente, cómo se comporta el Estado ante las desapariciones: por un lado abre las puertas y reconoce, pero cuando le resulta demasiado incómodo o se encuentra evidenciado, trata de silenciar lo que ocurre.
Fue el propio Juan Pablo Albán, presidente del Comité CED, quien tuvo que aclarar un día después de la presentación del informe, en su cuenta de X, que si bien “los esfuerzos de México han permitido la localización de 16 mil personas desaparecidas en el último año es algo que hay que felicitar”, destacó dos grandes pendientes.
El primero, saber quiénes son las 16 mil personas localizadas y si sus familias están al tanto; el segundo, qué ha pasado con las más de 120 mil de quienes se desconoce el paradero, y en tercero y muy en sintonía con lo que se ha dicho durante años, que esto “claramente es un efecto de la constancia de las familias”.
Pero más allá de la guerra de declaraciones y posturas en las que se ha embarcado el Estado Mexicano, desde la estrategia del llamado censo de personas desaparecidas, hasta la recepción del trabajo del Comité CED, no debemos olvidar lo que hay de base, de fondo y de inicio aquí: las más de 136 mil personas desaparecidas.