Es un lugar común afirmar que los jueces solo deben hablar a través de sus sentencias. Que su investidura exige guardar silencio y mantenerse aislados de los asuntos públicos. Se cuestiona que participen en las redes sociales, como si hacerlo pusiera automáticamente en duda su imparcialidad o la independencia de su función.
Lo cierto es que la labor de un juez constitucional —la defensa de los derechos humanos, particularmente de las personas y grupos más vulnerables— no puede hacerse al vacío, ignorando las demandas y realidades de la sociedad.
En esta lógica, la deliberación pública que ocurre en las plataformas digitales ocupa un papel central para nuestra vida social y política. Las redes sociales hoy se erigen como un foro para el debate y la expresión colectiva; en ellas se ventilan y discuten cuestiones públicas todos los días; se defienden y critican posturas, se expresan reclamos de justicia y se deliberan las cuestiones más fundamentales, desde el acontecer cotidiano hasta el rumbo de nuestro país.
Los jueces constitucionales no podemos ser ajenos a esta realidad. Las condiciones tecnológicas actuales nos exigen procurar un contacto estrecho y permanente con la sociedad a través del entorno digital. No basta con publicar información sobre los casos que resolvemos, nuestra integración y funcionamiento. Debemos replantear nuestro modelo de comunicación de raíz, pues nuestra legitimidad depende no solo de emitir sentencias sólidas y persuasivas, sino de rendir cuentas y consolidar un diálogo robusto con la sociedad a la que servimos.
Desde hace algunos años he mantenido un intercambio constante y dinámico en las redes sociales. Hacerlo me ha permitido impulsar criterios más sensibles y defender mejor los derechos humanos. Pero además, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, desempeño funciones administrativas y políticas y en tal sentido tengo una responsabilidad pública de comunicar más y de mejor manera para abrir nuestras puertas al escrutinio público y consolidar una justicia cercana a la gente.
En el Poder Judicial federal, la comunicación digital ha sido indispensable para alcanzar a todos los grupos y personas de nuestra sociedad: colectivos de derechos humanos, activistas, estudiantes, académicos, personas y comunidades indígenas, políticos y sociedad civil. Mediante las redes sociales hemos podido escucharlas e intercambiar puntos de vista sin intermediarios. De esa forma, conocemos mejor las necesidades, problemáticas y realidades de la gente.
Asimismo, las redes sociales nos han permitido difundir como nunca la cultura constitucional: dar a conocer los criterios de la Corte que protegen los derechos humanos y ofrecer herramientas para hacerlos valer dentro y fuera de los tribunales. Así, contribuimos a la construcción de una ciudadanía más robusta y participativa, especialmente en los segmentos sociales que no utilizan —o utilizan cada vez menos— los canales tradicionales de comunicación, como las y los jóvenes.
Pero además, la comunicación digital ha sido esencial para defender nuestra legitimidad y la calidad de la conversación pública. En México y en otras partes del mundo atravesamos un momento complejo en el que existen voces interesadas en capturar a la justicia y utilizarla como un arma en el juego político, a costa de su integridad. Por ello, las redes sociales son un canal indispensable para informar eficazmente, publicando resultados y aportando datos duros que clarifiquen los cuestionamientos sobre nuestra labor.
La imparcialidad y la independencia judicial exigen conducirse con prudencia y responsabilidad en las redes sociales. Pero el ecosistema digital es parte innegable de nuestra realidad. Por ello, debemos aprovechar las herramientas tecnológicas para acercarnos a la sociedad y mantener una conversación plural, dinámica y constructiva con todas las personas a las que servimos. De lo que se trata es de que la justicia llegue a más personas y deje de ser una institución sombría y distante de nuestro imaginario para ser parte de la experiencia cotidiana de la gente y de nuestra cultura democrática.
Arturo Zaldívar