Constitucionalismo social inacabado

En este día se conmemora la promulgación de la Constitución que emanó de la lucha revolucionaria; cuya promesa fue la de cimentar un nuevo país, con paz, democracia, justicia y libertad. La Constitución de 1917 dio cauce a las aspiraciones de una sociedad plural y salida a una realidad política turbulenta. Se trata de un documento complejo que refleja, por un lado, el pensamiento liberal tradicional de la época, pero del que emerge, en forma distintiva, un proyecto constitucional dirigido a efectuar un cambio social a gran escala, en el contexto de un momento histórico definitorio y con sustento en un amplio consenso popular, lo que lo inserta en el concepto de lo que hoy se conoce como constitucionalismo transformador.

Desde entonces, la Constitución ha sido instrumento de cambio y se ha adaptado a los distintos momentos de nuestra historia política. Se ha modernizado y, de manera notable, por la vía de la recepción del derecho internacional de los derechos humanos y la interpretación judicial ha avanzado hacia una protección cada vez mayor de la persona y de sus libertades.

Sin embargo, el proyecto transformador de la Constitución de Querétaro permanece inacabado. Siguen insatisfechas las reivindicaciones de justicia social y de acceso de todos a una vida digna. No hemos sido capaces de cumplir del todo la promesa constitucional de cambiar la estructura de las relaciones sociales en nuestro país ni de modificar las condiciones de vida inaceptables en las que millones viven aún.

Por ello, en la coyuntura que vive el país, estoy convencido de que es el momento de retomar la ruta del constitucionalismo transformador, como criterio orientador de la actividad estatal, la cual debe encaminarse consistentemente hacia el ideal de una sociedad más justa, en la que los derechos sociales sean una realidad para todas las personas.

La Constitución impone claramente el mandato de abatir la desigualdad, combatir la pobreza y lograr el desarrollo económico en beneficio de todas y de todos, y en este sentido, los Poderes de la Unión, sin excepción, estamos obligados a cumplir con ello. Tenemos el deber de avanzar hacia este constitucionalismo que no es una moda ni una coyuntura, sino una doctrina sólida que tiene sus cimientos firmes en la Constitución.

Consecuentemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación, en nuestra tarea de interpretar y defender la Constitución, debemos incorporar a nuestra cultura jurídica la perspectiva de este modelo de transformación política y social que no es optativo, porque está plasmado en la Constitución.

Los jueces tenemos la obligación de ser motor del cambio social y en tal sentido debemos dejar atrás la visión anquilosada que entiende a los derechos sociales como meras declaraciones de buenas intenciones, o como meras aspiraciones reivindicatorias, para transitar, sin demora, hacia un nuevo paradigma, que tenga como eje la plena vigencia, el pleno ejercicio, y la plena exigibilidad del programa social de la Constitución.

Los derechos sociales imponen un deber de resultado. Esto significa que el Estado mexicano tiene la obligación de satisfacer en forma inmediata sus contenidos mínimos y avanzar progresivamente en su protección. Ante ello, el reto de los jueces federales es asumir en forma decidida un proyecto de interpretación constitucional transformador, a través del cual se promueva el cambio social, dirigido a obtener resultados tangibles en la vida de las personas.

Tras su largo recorrido, la Constitución sigue encerrando en su texto la visión de un mundo diferente, en el que todos tengamos cabida. Un mundo en el que la satisfacción de las necesidades materiales mínimas y el respeto a la dignidad de las personas sean el punto de partida para el pleno disfrute de los derechos y libertades que definen a la vida democrática.

No debemos postergar este anhelo. No debemos dejar para después la obligación de saldar la deuda que tenemos con los más desprotegidos, los más olvidados. No debemos seguir tolerando un statu quo en el que nacer pobre signifique morir igual. Asumamos hoy el compromiso de tomarnos en serio la Constitución.