Una de las implicaciones más importantes de la rotunda victoria electoral de Claudia Sheinbaum y de la coalición encabezada por Morena en la pasada elección, es el mandato claro de reforma al Poder Judicial de la Federación. Ni las advertencias catastrofistas sobre el fin de la democracia ni los airados llamados a la independencia judicial encontraron eco en un electorado que prefirió la continuidad de un proyecto centrado en la igualdad y la justicia social.
Ahora, se nos dice, estamos al borde de la dictadura. No habrá más contrapesos y por tanto es el fin de la libertad. Se vilipendia el resultado como producto de la ignorancia o de desprecio por la democracia. Pero la primera pregunta que habría que hacerse es si las instituciones de la transición democrática realmente le han dado libertad al pueblo de México. ¿Qué libertad se tiene cuando la lucha de cada día es por una subsistencia básica? ¿Qué libertad se tiene cuando se tiene la piel morena y se es pobre, en un país marcado por el racismo y el clasismo?
Si la libertad es poder elegir un proyecto de vida, participar en la vida pública, perseguir los intereses propios, es claro que tiene, como presupuesto esencial, el acceso a los servicios básicos y a un nivel de vida adecuado. Y en ese rubro las instituciones democráticas no han traído grandes cambios. La alternancia, la transparencia, la división de poderes, el fortalecimiento de la independencia judicial han permitido un equilibrio en el ejercicio del poder, pero sin lograr desarticular el régimen de privilegios y la opresión.
Esto no es algo que esté pasando sólo en México. En todas partes del mundo han surgido liderazgos que cuestionan las instituciones tradicionales de la democracia, porque si bien han sido efectivas para prevenir la acumulación de poder, no lo han sido para satisfacer las demandas sociales básicas. Los contrapesos han tendido a mantener un equilibrio entre las distintas fuerzas de la élite, pero también para atrincherarlas en el poder bajo la máscara de la democracia.
En tal contexto, los tribunales constitucionales enfrentan también una crisis de legitimidad. Al igual que otras instituciones de la democracia liberal, han probado su inefectividad para traer igualdad y justicia. Peor aún, se han politizado y han servido a las minorías para imponer políticas públicas u oponerse a las que dictan las mayorías, cuando amenazan con alterar las relaciones de poder.
Recordemos que el actual desprestigio de la Suprema Corte se remonta a la indignación que desde hace años generaron los salarios de los Ministros y Ministras. Después, cuando en 2018 triunfó Andrés Manuel López Obrador, las élites en minoría recurrieron a los tribunales para defender, bajo la fachada de los derechos, el modelo político que les ha asegurado influencia y mantenido el statu quo.
El Poder Judicial de la Federación asumió gustoso el papel de oposición. Tomó partido y perdió la imparcialidad. La participación en las marchas de la Marea Rosa y la alianza de Norma Piña con la oposición, no son sino pequeñas muestras de esa resistencia política en que se erigieron, bajo la bandera de la independencia judicial y la división de poderes.
Lejos de entender que tenían un papel en escuchar el mensaje de las urnas. Lejos de entender que antes que contramayoritario su rol es el de ejecutar las leyes producto de la democracia, decidieron interpretar los límites constitucionales a partir de sus preferencias políticas. Frente a la creciente inconformidad social, decidieron optar por la autocomplacencia y la radicalización, aislándose cada vez más del sentir social.
De ahí la urgente necesidad de democratizar al Poder Judicial. No se trata de acabar con la división de poderes, ni de eliminar los contrapesos. Se trata de hacer ajustes institucionales que permitan a las mayorías gobernar con respeto a los derechos de las minorías, pero sin interferencias indebidas de jueces y juezas.
El problema no son las instituciones de la democracia liberal. La transparencia, la independencia judicial son valores esenciales, pero ¿qué significan? ¿Cómo entenderlos de manera que sean instrumentales al bienestar y no al privilegio? Hago un llamado a dejar atrás las confrontaciones y descalificaciones del periodo electoral y a discutir seriamente sobre la democratización del Poder Judicial Federal.