Derechos de los niños migrantes: la agenda urgente

Hace algunas semanas cobró visibilidad en los medios de comunicación la estrujante situación de los miles de niñas y niños migrantes provenientes de México y Centroamérica que han sido separados de sus familias, como consecuencia de la política de cero tolerancia a la inmigración indocumentada que aplica el gobierno de Estados Unidos. Los relatos que ilustran esta crisis son desgarradores y dan cuenta de una crueldad y de una violencia, de las que cuesta trabajo creer que sea capaz un país que se precia de ser democrático.

Sin embargo, además de la indignación que necesariamente nos provoca, esta situación nos obliga a confrontar nuestra propia realidad y a preguntarnos si México actúa de conformidad con los estándares que aseguran un trato digno y adecuada protección a las niñas y niños que cotidianamente entran bajo su jurisdicción en el contexto del fenómeno migratorio.

Los retos que afronta nuestro país, en su carácter de lugar de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes, son sumamente complejos, y se acentúan cuando están involucrados niños y niñas, ya que éstos son más vulnerables a sufrir las diferentes formas de violencia asociadas a la migración, particularmente la que ocurre entre Centroamérica y Estados Unidos.

En general, el enfoque que debe adoptarse frente al fenómeno de la migración, según la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, es uno que privilegie el respeto a los derechos humanos. Las razones por las cuales una persona se encuentre en territorio nacional y si su ingreso fue acorde o no a la legislación migratoria son consideraciones irrelevantes para efectos de nuestra obligación de respetar sus derechos humanos, los cuales tienen fundamento en los atributos de la persona humana y van más allá de su situación migratoria irregular.

Adicionalmente, cuando se trata de niñas y niños, lo que debe prevalecer es una perspectiva que incorpore en forma transversal, y por encima de cualquier otra consideración, el interés superior de la infancia, lo que supone que todas las políticas públicas deben diseñarse como parte de la implementación de un sistema de asistencia integral, en el que las decisiones administrativas o judiciales que les atañan en el marco del proceso migratorio tengan como consideración primordial su bienestar, bajo una ética del cuidado y la protección, no de la represión.

De lo anterior derivan obligaciones concretas que han sido detalladas tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Comité de los Derechos del Niño, de las que destaca la prohibición de recurrir a la privación de libertad, bajo cualquier modalidad, en los procedimientos relacionados con la situación migratoria. La detención administrativa de niñas y niños por motivos de inmigración o como consecuencia de la detención de sus familiares es una medida desproporcionada, que no puede justificarse con base en el interés de un Estado en hacer cumplir su política migratoria.

En este sentido, la detención de niñas y niños debe estar prohibida por la ley y su abolición garantizada en la teoría y en la práctica. Las familias deben permanecer unidas en entornos comunitarios no cerrados mientras se resuleve su situación y si se trata de menores no acompañados, se les deben brindar cuidados alternativos y alojamiento, todo ello teniendo como finalidad última su protección y bienestar, lo que incluye, además de la obligación de no separar a las familias, la de intervenir positivamente para lograr su reunificación.

México tiene la obligación de alcanzar estos elevados estándares, no solo porque así lo dicta nuestra Constitución, sino porque es la mejor manera de exigir que en Estados Unidos se respeten, en esa misma medida, los derechos de las niñas y niños migrantes.

La separación de familias y la detención de menores son actos de violencia cuyas repercusiones negativas en la salud física y mental de niñas y niños, pueden ser profundas y duraderas. Son prácticas que deben desaparecer de manera inmediata y que no podemos tolerar en nuestro país, ni en cualquier otro.