Cada vez que se plantea una crítica al Poder Judicial se habla de independencia y de autonomía, como si estos conceptos fueran fines en sí mismos, y no garantías instrumentales para la impartición de justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimidad social; esto es, la confianza de la ciudadanía en su aparato de justicia. Sin legitimidad social, la independencia no es sino una máscara para la arbitrariedad, y en el peor de los casos, un pretexto para juzgar en contra de los derechos e intereses de la gente.
La legitimidad social de la justicia en México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizá nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente —como lo hicimos durante los Diálogos por la Transformación durante seis intensos meses y en más de cuatrocientos foros—, resulta claro que tenemos una justicia elitista, cerrada, distante, opaca e ineficaz, que funciona para quienes pueden pagarla. Una justica que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza, que tortura cuerpos, rompe familias, arruina vidas y que, en definitiva, ha perdido la confianza de la sociedad.
Hace unos años, ante estas graves fracturas del Sistema de Justicia, se llevó a cabo una reforma con y para el Poder Judicial Federal con el apoyo del presidente López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas del Congreso de la Unión. La relación de diálogo y respeto entre poderes permitió consolidar una profunda autorreforma que dio resultados muy importantes mientras existió voluntad política para su implementación.
Durante esos años se combatió como nunca la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó la violencia sexual, se implementó un sistema comprehensivo de justicia digital, se consolidó una Escuela Judicial profesional con una auténtica carrera judicial, se fortaleció intensamente al Instituto de la Defensoría Pública, y lo más importante: se implementó una política inédita de igualdad y paridad de género que fue reconocida internacionalmente.
Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó una ruta diferente. Se tomó la decisión de destruir los logros alcanzados, y se asumió una desastrosa política de confrontación con los otros poderes que le ha hecho mucho daño al país. Se dejó de combatir la corrupción, se regresó a la cultura del nepotismo, se desmantelaron las políticas de igualdad y paridad de género, se regresó al esquema de compadrazgos en la Escuela Judicial y el Instituto de la Defensoría Pública quedó prácticamente abandonado.
Pero sobre todo, y quizá lo más grave, es que se acrecentó la distancia entre la justicia y el pueblo de México. Lejos de entender su papel en democracia, la Suprema Corte optó por otorgar a la oposición lo que habían perdido en las urnas. Lejos de escuchar los reclamos de la gente, la Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia y de la derecha. Más aún: la Suprema Corte decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada y sin ningún decoro, como quedó demostrado con hechos que hoy son ampliamente conocidos.
¿Cómo se hizo todo ello? Con la máscara de la supuesta “independencia judicial”. Bajo la idea —profundamente equivocada— de que la autonomía es un escudo para la arbitrariedad. De que, al amparo de la independencia judicial, no es necesario rendir cuentas a nadie.
Pero quienes actuaron de este modo olvidaron que el pueblo de México no es tonto. Y el pasado 2 de junio la ciudadanía envió un mensaje contundente e inequívoco a sus representantes: hoy, más que nunca, se requiere una profunda Reforma Judicial; una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y ministras: no más injusticia ni arbitrariedad; requerimos un Poder Judicial democrático, sensible, cercano a la gente, con humanismo y rendición de cuentas.
Hoy tenemos un claro mandato popular que no podemos traicionar. Se pueden debatir los detalles y plantear ajustes, tales como los requisitos para ser candidato, o la implementación gradual de la reforma, pero su sentido fundamental es inequívoco. Más de 35 millones de mexicanas y mexicanos votaron porque elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular.
La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece: al Pueblo de México. Construyamos una justicia diferente: igualitaria y democrática, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos, para todas las personas.