El pasado jueves 11 de diciembre se publicó la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, a iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata de un ajuste técnico. Es una transformación profunda a un marco legal que, durante más de tres décadas, permaneció sin cambios sustantivos.
La crisis del agua que enfrenta México no es producto de la casualidad ni de fenómenos recientes. Es consecuencia de décadas de reglas inadecuadas que permitieron la sobreexplotación, el acaparamiento y la especulación. Bajo ese esquema, el agua se convirtió en una mercancía: algunos concentraron grandes volúmenes y los vendieron con ánimo de lucro, mientras comunidades enteras y pequeños productores carecieron del recurso mínimo para subsistir o desarrollar sus actividades más elementales. Esa desigualdad no fue accidental, sino resultado de un marco legal que toleró abusos y debilitó la capacidad del Estado para ordenar un bien estratégico.
La reforma parte de una premisa constitucional clara: el agua es un bien propiedad de la Nación. Puede concesionarse para usos específicos, pero no apropiarse como si fuera un derecho privado absoluto. La función del Estado es garantizar el acceso equitativo al consumo humano, asegurar su disponibilidad a largo plazo y proteger el recurso bajo criterios de sustentabilidad ambiental.
Desde esa lógica, el nuevo marco jurídico representa un cambio de paradigma en la gobernanza hídrica del país. El agua deja de concebirse como un privilegio o una moneda de cambio y se reconoce plenamente como un derecho humano. Ordenar el régimen de concesiones, evitar concentraciones excesivas y erradicar el mercado ilegal del agua no es una decisión ideológica: es una condición mínima para una gestión eficaz y justa.
Uno de los ejes centrales de la reforma es poner fin a los mecanismos que permitieron la mercantilización del agua. Se limita la transmisión indiscriminada de concesiones y se sustituye por esquemas de reasignación regulada en casos específicos —como la venta de inmuebles, herencias o fusiones— mediante procedimientos claros, públicos y expeditos. La ley protege la herencia de terrenos con su respectivo título de concesión y garantiza que, al venderse una propiedad, el derecho concesionado se conserve mediante la emisión de un nuevo título.
Al mismo tiempo, el nuevo marco jurídico establece sanciones claras para quienes han abusado de su poder político o económico para acaparar o retener el agua en perjuicio de comunidades enteras. Se combate de manera frontal el robo de agua, su comercialización ilegal y la corrupción que permitió durante años la asignación irregular de concesiones. Cero tolerancia a funcionarios que otorguen títulos a cambio de beneficios personales, y cero tolerancia a quienes busquen obtenerlos por vías corruptas.
Durante el proceso legislativo y aun después de la publicación de la reforma, no faltaron quienes, desde la oposición o desde los privilegios construidos al amparo del viejo modelo, impulsaron una campaña deliberada de desinformación. Se afirmó, falsamente, que el Estado retiraría concesiones de manera arbitraria o que se criminalizaría a pequeños productores, transportistas de agua o incluso a familias con sistemas de captación en sus hogares.
Nada de eso es cierto. Los derechos adquiridos están plenamente garantizados y la ley distingue con claridad entre el uso legítimo del agua y las prácticas abusivas que durante años se toleraron. Estas mentiras no buscaban proteger derechos, sino preservar un sistema injusto que benefició a unos cuantos.
La reforma también reconoce una realidad largamente ignorada: los sistemas comunitarios que, en muchas regiones del país, han gestionado el agua de manera tradicional. Fortalecer estos modelos e integrarlos a una política hídrica nacional no solo es un acto de justicia social, sino una apuesta por la sostenibilidad y la cohesión territorial.
Frente a ello, resultan ignorantes las críticas que sostienen que estas reformas vulneran la propiedad privada. El agua no es propiedad privada. Es un bien de la Nación y un derecho humano de todas las personas. Gobernar el agua con reglas claras, autoridad efectiva y visión de futuro no es una amenaza; es la única forma responsable de asegurar que este recurso vital llegue a quien más lo necesita, hoy y mañana.