Cada vez que se toca un privilegio, surge el grito de la “indefensión”. Ocurre ahora con la reforma a la Ley de Amparo. Algunos abogados de deudores fiscales han echado a andar una narrativa según la cual las empresas quedan a merced del SAT: que se congelarán cuentas sin remedio, que se embargarán bienes sin defensa, que los contribuyentes deberán pagar incluso lo que no deben. Nada de ello resiste el menor análisis.
La reforma a la Ley de Amparo no elimina derechos ni cancela defensas; simplemente ordena el proceso. Pone fin a un sistema de impugnaciones infinitas que, durante años, permitió a grandes deudores posponer el pago de créditos firmes. El objetivo es concentrar las defensas en un solo juicio de amparo, evitando el laberinto procesal que había convertido la justicia en un terreno de tácticas dilatorias.
Antes de la reforma, un crédito fiscal firme podía tardar más de una década en cobrarse. Bastaba con promover amparos sucesivos contra cada paso del procedimiento de cobro para detener la ejecución. Se trataba, en los hechos, de un sistema de impunidad procesal: la ley como refugio del incumplimiento. Con la reforma, esa distorsión se corrige. El amparo no desaparece ni se restringe; se racionaliza. El contribuyente conserva íntegro su derecho de defensa, pero en una sola vía, ante una sola autoridad y en una sola instancia.
Al final del procedimiento de cobro, quien considere que la autoridad actuó indebidamente podrá promover un amparo y hacer valer todas las defensas que estime pertinentes. Si la autoridad se equivocó, el Poder Judicial de la Federación le dará la razón; pero si no, deberá cumplir con sus obligaciones fiscales. Lo que desaparece no es la justicia, sino el abuso.
Decir que el SAT “podrá hacer lo que quiera” es una exageración interesada. Ninguna facultad nueva se le otorga a las autoridades fiscales: lo único que cambia es que podrán ejecutar con mayor eficacia los créditos firmes que hoy se eluden mediante tácticas procesales. No se trata de debilitar al contribuyente, sino de fortalecer al Estado frente a la simulación. En una democracia, pagar impuestos no es una extorsión: es una obligación constitucional.
Tampoco es cierto que la reforma genere “inseguridad jurídica” o que el SAT pueda actuar sin control. Los medios de impugnación y los recursos legales permanecen intactos. Lo que se modifica es la secuencia en que se ejercen. En lugar de fragmentar el proceso de cobro en múltiples amparos sucesivos, se unifican las defensas al final del procedimiento, lo que evita contradicciones y acelera la resolución. Es un rediseño procesal que busca eficacia, no autoritarismo.
Paradójicamente, quienes hoy se dicen víctimas de indefensión son quienes por años convirtieron la lentitud judicial en un modelo de negocio. Con cada amparo se ganaba tiempo y, con cada dilación, intereses. No se defendían derechos: se defendían privilegios. Esa es la verdad detrás del mito: no temen a la indefensión, sino al fin de la impunidad procesal.
La reforma a la Ley de Amparo parte de una premisa clara: el Estado no puede ser rehén de su propio sistema judicial. El contribuyente debe poder defenderse, pero también debe existir certeza de que los créditos firmes se pagarán. El equilibrio entre derecho y deber es el fundamento de toda convivencia jurídica. Sin él, la justicia se vuelve ineficaz y el privilegio sustituye al Estado de derecho.
Por eso, lejos de vulnerar la seguridad jurídica, la reforma la refuerza. Reduce tiempos, clarifica etapas y devuelve sentido a la función jurisdiccional. Permite que el Poder Judicial concentre su energía en resolver lo sustantivo, no en administrar la maraña procesal de quienes buscan que el tiempo suplante a la ley.
El mito de la indefensión es eso: un mito. La reforma no libera a la autoridad de controles, sino a la justicia de trampas. Y al hacerlo, restituye el equilibrio entre quien tiene la obligación de contribuir y quien tiene el derecho de defenderse. En una democracia madura, ambas funciones son complementarias, no opuestas. Lo demás es ruido: el último refugio de quienes confundieron el amparo con el anonimato del privilegio.