En defensa de los jueces federales

Desde hace tiempo he insistido en la necesidad de reflexionar, con sentido autocrítico, sobre las debilidades institucionales que han erosionado la confianza de la sociedad en sus juzgadores federales. El añejo problema de las cargas de trabajo que demoran la impartición de justicia, el establecimiento de un sistema meritocrático transparente, la efectiva comunicación sobre la labor que desempeñamos, el combate a los casos puntuales de corrupción, así como el ejercicio más eficiente de los recursos públicos, son tareas pendientes que deben atenderse urgentemente para reforzar el papel que desempeñamos en nuestro orden constitucional.

Un Poder Judicial de la Federación fuerte y legitimado ante la sociedad es indispensable para la consolidación de la democracia. Los jueces —particularmente los jueces federales— somos los encargados de proteger los derechos humanos de las personas, de brindar certidumbre a las transacciones y operaciones jurídicas, de dar salida institucional a conflictos políticos y sociales y, en este sentido, de asegurar la gobernabilidad, la seguridad jurídica y el estado de derecho.

Es por ello que el objetivo de cualquier renovación institucional debe ser el de fortalecer la posición del Poder Judicial en nuestro sistema y para ello es deseable que las reformas necesarias se impulsen desde el interior de sus filas. Con la voluntad política y la sensibilidad para entender la fuerza de las demandas que hoy nos hace la ciudadanía, podemos implementar las medidas que se requieren para consolidar el vínculo de confianza con la sociedad, en ejercicio de nuestra autonomía e independencia.

El respeto al principio de división de poderes, en tanto instrumento de limitación y ordenación del poder público a través de un sistema de pesos y contrapesos, es una condición indispensable de toda democracia, porque es el mecanismo diseñado para preservar su existencia misma y constituye la salvaguarda para el ejercicio de las libertades de todos.

Este principio constitucional, del cual deriva a su vez el de independencia judicial, no exime a los jueces de rendir cuentas a la sociedad ni crea un coto de poder exento de controles públicos, pero sí constituye una garantía de que los otros poderes del Estado no buscarán colocarse por encima de los jueces para someterlos.

Por ello, para evitar cualquier apariencia de que se busca subordinar al Poder Judicial, sino por el contrario, fortalecerlo como es deseable en una democracia, es necesario, por un lado, que exista disposición de la rama judicial para implementar aquellos cambios que exige la ciudadanía; y por otro, que se establezca un diálogo abierto entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de manera que, en aquellos casos en que se requieran reformas legales, éstas sean con respeto a las garantías institucionales que históricamente se han diseñado para proteger la labor de los jueces; garantías que la Constitución recoge y que México se ha comprometido a respetar a través de diversos tratados internacionales.

Dichas reformas deben partir, además, de reconocer que la principal fortaleza del Poder Judicial de la Federación es su capital humano. Día con día, miles de hombres y mujeres, comprometidos y honestos, empeñan su esfuerzo en impartir justicia con valentía y desprendimiento. Ellos son muchas veces la última esperanza de las personas y abundan los ejemplos en que las sentencias de los juzgadores federales han corregido injusticias y dado sentido real a los derechos.

Las debilidades del Poder Judicial de la Federación son corregibles, pero las personas que lo integran son esenciales. Toda modificación o reforma debe respetar plenamente sus derechos y establecer condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones.

Las reformas judiciales son siempre un tópico delicado, porque en torno a ellas ronda el fantasma del control político de los jueces. Para evitarlo, deben ser producto del diálogo, hacerse con respeto a las garantías institucionales que la Constitución otorga y reconociendo la labor de jueces, magistrados y demás servidores públicos que conforman al Poder Judicial de la Federación. Ellos no son parte del problema, sino de la solución.