El año se va cerrando y, como suele ocurrir en diciembre, el debate público se llena de balances, cuentas pendientes y augurios. Algunos insisten en mirar el país desde el escepticismo o el repudio; otros, desde la nostalgia de un modelo que prometía crecimiento, pero terminó produciendo desigualdad. Sin embargo, los datos —esos que no votan ni aplauden— cuentan otra historia.
México está hoy entre los países con menor desempleo en el mundo. Con una tasa de apenas 2.7 por ciento de la población económicamente activa, ocupa el segundo lugar global, solo por debajo de Japón. No es un logro menor en un contexto internacional marcado por la desaceleración, la inflación persistente y la incertidumbre geopolítica. Es, sobre todo, una señal clara de que una política económica distinta puede dar resultados.
A ello se suma un dato aún más relevante: la reducción histórica de la pobreza en el sur del país, una región largamente olvidada por décadas de políticas que confundieron desarrollo con concentración de riqueza. De acuerdo con cifras del Banco de México, la pobreza en esa región pasó de 29.2 a 19.8 por ciento. No se trata de un ajuste marginal, sino de un cambio estructural que empieza a cerrar brechas que parecían eternas.
Además, entre 2018 y 2024, la clase media en México se amplió de manera significativa. Con base en datos del Banco Mundial, el segmento medio de la población pasó de representar el 27.2 al 39.6 por ciento, un aumento de 12.4 puntos porcentuales. En paralelo, la población en situación de pobreza a nivel nacional se redujo del 35.3 al 21.7 por ciento, una caída de 13.6 puntos que coincide con las estimaciones del Inegi. En términos concretos: más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres y alrededor de 12 millones se incorporaron a la clase media.
Estos resultados no son producto del azar ni de la inercia. Son consecuencia de una visión clara: la del humanismo mexicano que hoy encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Un modelo que parte de una premisa sencilla, pero profundamente transformadora: la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés.
Durante demasiado tiempo se nos dijo que primero había que generar riqueza y que, eventualmente, esta “gotearía” hacia abajo. La experiencia demostró lo contrario. El crecimiento sin justicia social es moralmente insostenible. El humanismo mexicano rompe con esa lógica injusta: apuesta por salarios dignos, derechos sociales garantizados, inversión pública estratégica y un Estado que asume su responsabilidad de corregir desigualdades históricas.
No es casual que este proceso haya ido acompañado de una política social robusta. En los últimos siete años, los programas del bienestar y las transferencias directas han acumulado una inversión superior a 1.5 billones de pesos. Lejos de ser un gasto improductivo, estos recursos han dinamizado economías locales, fortalecido el consumo interno y ampliado las oportunidades de millones de hogares.
Lejos de ahuyentar la inversión o poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, este enfoque ha generado condiciones de mayor certidumbre y cohesión social. Prosperidad compartida no es una consigna: es una estrategia económica que entiende que no hay desarrollo posible cuando amplios sectores quedan sistemáticamente excluidos.
Del mismo modo, el principio de “por el bien de todos, primero los pobres” no es retórico. Es una política pública que se refleja en empleo, en reducción de pobreza, en expansión de la clase media y en acceso efectivo a derechos. Y eso, en tiempos de polarización global y fatiga democrática, no es poca cosa.
Al cerrar este 2025, conviene decirlo con claridad: el humanismo mexicano funciona. No porque lo diga un discurso, sino porque lo confirman los números y, sobre todo, la vida cotidiana de millones de personas que hoy tienen más certidumbre que antes.
El año termina. El que viene traerá nuevos retos, sin duda. Pero también una certeza: cuando la justicia social guía la política económica, el futuro deja de ser una promesa abstracta y empieza a construirse en el presente.