Todas las democracias constitucionales del mundo tienen sistemas electorales que establecen las reglas del juego de forma pública y con anterioridad a los procesos de elección popular, con la finalidad de brindar certeza y estabilidad al resultado. Entre otras cuestiones, las reglas electorales determinan las condiciones de la representación política; esto es, la forma en la que serán distribuidos los espacios representativos entre las distintas fuerzas políticas para garantizar la expresión real de las demandas y necesidades populares.
En la mayoría de los sistemas electorales el porcentaje de la votación obtenido por un partido político no coincide con el porcentaje de escaños que se le asigna en el parlamento o congreso. Ello responde a que las fórmulas pactadas previamente por los partidos buscan generar los efectos democráticos que se consideran más idóneos para sus sistemas y realidades políticas.
Así, por ejemplo, en el Reino Unido existe un sistema mayoritario uninominal (first-past-the-post system) en el que la persona con más votos en cada circunscripción obtiene el cargo en el Parlamento. De acuerdo con este sistema, en la elección del pasado 4 de julio el Partido Laborista obtuvo 64 por ciento de los asientos en el Parlamento, a pesar de que únicamente recibió 34 por ciento de la votación nacional emitida. Ello no tiene nada de antidemocrático, sino que obedece a las reglas del juego pactadas por las distintas fuerzas políticas y con las que han operado históricamente.
En nuestro diseño constitucional, desde 1996 se estableció que ningún partido político podrá obtener en la Cámara de Diputados un porcentaje de escaños que supere en ocho puntos su porcentaje de votación nacional. El texto constitucional, que se refiere expresamente a “partidos políticos”, no sufrió modificaciones en las reformas de 2000 ni de 2007. Ese ha sido precisamente el sentido que le ha atribuido el Tribunal Electoral de manera constante hasta la fecha. Este diseño equilibra el principio de mayoría con el respeto por las minorías y permite que tenga sentido la formación de coaliciones para la competencia electoral.
A pesar de lo anterior, en las últimas semanas los portavoces de la oposición han impulsado la narrativa de que las reglas del juego deben cambiar, a fin de que la limitante de sobrerrepresentación se aplique a las coaliciones y no a los partidos. Pronostican que, si no se cambian las reglas —que tantas veces les beneficiaron en el pasado— asistiremos a la “muerte” de nuestra democracia. Señalan que la Constitución no puede leerse de forma “letrista”, sino “conforme al espíritu que animó al constituyente”. Alertan que, de lo contrario, estaríamos restaurando el “viejo presidencialismo”, así como una “nueva hegemonía antidemocrática”.
En ese contexto, recientemente, un juez de distrito le ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —máxima autoridad judicial en materia electoral— designar a dos magistrados provisionales para funcionar con la integración completa de su Sala Superior. Ello, con la intención de incidir en la composición que determinará la mayoría calificada en la elección del pasado 2 de junio. Afortunadamente, el lunes siguiente las y los magistrados rechazaron el actuar del juzgador federal, y esa misma semana un tribunal colegiado revocó la orden judicial por considerarla contraria a derecho.
Todo lo anterior es el reflejo de una estrategia agresiva por parte de la derecha para trastocar el resultado electoral y mantener su influencia, a pesar de la voluntad popular expresada en las urnas. Su objetivo es reducir sustancialmente el número de escaños que corresponden a la coalición Sigamos Haciendo Historia y aumentar el número de curules para la oposición.
Lo cierto es que las reglas del juego se pactan antes de que empiece el partido, y se respetan hasta la determinación del resultado. La elección del pasado 2 de junio tuvo lugar bajo las reglas que imperan desde 1996. Buscar alterarlas por todos los medios una vez que se ha expresado la sociedad no solo es profundamente antidemocrático, sino que resultaría en un golpe de Estado técnico insultante a la luz de los valores y principios de nuestro constitucionalismo.
No lo conseguirán. Tenemos un diseño constitucional estable que garantiza que las reglas del juego se cumplan desde el inicio hasta la conclusión de la contienda electoral. Contamos con un sistema de representación política robusto que garantiza que la voluntad popular se exprese eficazmente en los órganos constituidos, y ninguna artimaña podrá cambiar esa conquista histórica del pueblo de México.