El próximo 1 de junio México vivirá un proceso inédito: la ciudadanía votará directamente a quienes integrarán los órganos del Poder Judicial de la Federación. No se trata de una elección más. Es un momento decisivo para el sistema democrático, y una oportunidad histórica para transformar desde la base a uno de los poderes más cerrados del Estado mexicano.
La reforma judicial responde a una realidad ampliamente documentada. Durante décadas, el Poder Judicial operó como un espacio opaco, autorreferencial y profundamente jerárquico. Un poder que funcionó de espaldas a la ciudadanía, sin transparencia ni rendición de cuentas. Un sistema afectado por el nepotismo, el influyentismo y la corrupción. Una justicia extraordinariamente eficaz para las élites, pero lenta e inasequible para quienes menos tienen.
Quienes podían transformar al Poder Judicial desde adentro se negaron a reconocer sus fallas. Desde la soberbia revirtieron cualquier intento de cambio e insistieron en que solo ellos podían configurar el destino de la institución —como si les perteneciera. Frente a esa realidad, la reforma no fue un capricho ni un salto al vacío, sino la respuesta a una exigencia legítima de la ciudadanía: democratizar al Poder Judicial para construir una justicia diferente.
Esa exigencia no es una ocurrencia. Refleja un hartazgo social acumulado por años, producto de un sistema que ha protegido a los poderosos sin importar el costo sobre quienes menos tienen. Un sistema indescifrable para quienes no pueden pagar un abogado, impenetrable para quienes no tienen relaciones, inaccesible para las personas de a pie. En ese contexto era urgente replantear el modelo.
Al hacerlo, la reforma judicial partió de una premisa clara: la justicia no puede seguir siendo patrimonio de unos cuantos. No puede operar como si no le debiera cuentas a nadie. Debe responder fundamentalmente a las personas. Así, democratizarla no implica debilitarla: implica someterla al escrutinio público, abrir sus puertas, y exigir que se alinee con los principios que debe defender.
La elección judicial inaugura un nuevo paradigma. Por primera vez no serán las cúpulas quienes decidan quién imparte justicia. Ahora será la ciudadanía quien, con su voto, determine quién ocupa esa función pública. Ese cambio en el origen del poder transforma también su funcionamiento: un poder que emana del pueblo tiene un compromiso distintivo con la realidad social.
Por tal motivo, la participación de la ciudadanía en esta elección será determinante. Está en manos del pueblo dejar atrás un Poder Judicial distante, ritualista, indiferente a la desigualdad, y cimentar una justicia con rostro humano: sensible, cercana y comprometida con la igualdad sustantiva. Votar el próximo 1 de junio es apropiarse, de una vez por todas, de un poder que históricamente ha permanecido cerrado para la mayoría.
Quienes resulten electos tomarán decisiones sobre la libertad, la propiedad, la vida, los derechos y el patrimonio de millones de personas. Resolverán casos de violencia, discriminación, corrupción, impunidad. Tendrán en sus manos los principios fundamentales de nuestra comunidad política. El sentido de sus resoluciones no dependerá solo del conocimiento técnico, sino de la perspectiva ética y social con que se ejerza la función judicial.
El voto, por tanto, no puede ejercerse a la ligera. Exige información, deliberación y análisis. Es deber de cada persona contrastar trayectorias, escuchar propuestas y decidir con responsabilidad. Y es obligación de todas las instituciones garantizar las condiciones para que ese voto sea libre, informado y equitativo.
Estamos ante el inicio de una nueva etapa de nuestra vida democrática. Ante la posibilidad de construir un Poder Judicial al servicio del pueblo, no de las élites. En la antesala de un Poder Judicial que escuche antes de juzgar, que entienda antes de resolver y que no se limite a aplicar la ley, sino que defienda con firmeza los derechos y la dignidad humana.
El 1 de junio no solo se elige a juezas y jueces. Se define el modelo de justicia que queremos para México. Y esa decisión —como toda decisión quede verdad importa— solo puede tomarse con la participación de todas y todos.