Las desapariciones perpetradas por el crimen organizado son un flagelo que azota a nuestro país desde 2006, cuando la llamada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón detonó una espiral de violencia que extiende sus tentáculos hasta nuestros días. Miles de personas han sido arrancadas de sus hogares, de los barrios, de las calles y de sus familias sin explicación y sin justicia. Niñas, niños y jóvenes se desvanecen en manos de organizaciones del crimen que reclutan, secuestran, matan y desaparecen sin piedad. La tragedia de los desaparecidos ha dejado una estela de dolor inabarcable en nuestro país. Para hacerle frente se requiere determinación, sensibilidad y empatía.
Desde el pasado 17 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que abatir la desaparición de personas y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares es una prioridad nacional. Asimismo, la mandataria anunció una serie de medidas concretas. No son promesas vacías. Son acciones inmediatas que tendrán un impacto directo en la forma en la que las autoridades de los tres órdenes de gobierno investigan el delito y atienden a las víctimas.
En efecto, la falta de información clara y evidencia confiable es uno de los mayores obstáculos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas. Lo mismo la falta de coordinación en los registros y sistemas que administran datos sobre la identidad personal. Por ello, se contempla: 1) consolidar a la CURP como la fuente única de identidad en todos los registros del país con fotografía y huellas dactilares; 2) crear la Plataforma Única de Identidad para facilitar la generación de alertas, búsquedas en tiempo real y localización; 3) generar una Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y no localizadas interconectada con los sistemas de todas las fiscalías y autoridades competentes; 4) obligar a todas las dependencias locales a alimentar y actualizar el Banco Nacional de Datos Forenses; y 5) crear un Sistema Nacional de alerta, búsqueda y localización de personas. Lo anterior, sumado al fortalecimiento de tres instituciones clave: la Comisión Nacional de Búsqueda, el Centro Nacional de Identificación Humana y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Por otra parte, fortalecer a las fiscalías locales es clave para atender adecuadamente este fenómeno. Las reformas a la ley van a integrar un estándar mínimo de desarrollo institucional que será obligatorio para todas las fiscalías del país. Este parámetro incluye unidades de análisis de contexto, áreas de búsqueda inmediata y de larga data, áreas especializadas en delitos cibernéticos, unidades de atención a víctimas, así como el uso de tecnología de punta para la búsqueda y localización.
Además, el tiempo de reacción de las autoridades es fundamental en estos casos. Para evitar la dilación en la búsqueda, las propuestas de reforma a la ley incorporan protocolos para la generación de alertas inmediatas a nivel nacional, así como para la apertura inmediata de carpetas de investigación sin necesidad de esperar 72 horas, como todavía ocurre en algunos estados.
Lo que hace el crimen organizado con los jóvenes de este país no tiene nombre. La crueldad, indolencia y malicia con la que secuestran, reclutan, desaparecen y matan es abominable, pero no quedará impune. Las acciones emprendidas por la Presidenta para enfrentar este flagelo son evidencia de que en México existe una política centrada en la atención a las víctimas, el respeto a los derechos humanos, la construcción de paz, la verdad y la justicia.
Ante todo, las medidas anunciadas por la Presidenta muestran que su gobierno está del lado de las víctimas. Que la jefa del Estado mexicano escucha sus demandas de justicia; que reconoce su angustia y las acompaña en su dolor, en su anhelo y desesperación. Son testimonio de que las autoridades trabajarán incansablemente para que madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos tengan la posibilidad de reencontrarse, finalmente, con las personas que aman.