Con el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma electoral llega a su fase decisiva. Tras meses de escuchar a distintos sectores de la sociedad, comienzan las definiciones. Llegó el momento de traducir las demandas sociales en nuevas reglas del poder público que fortalezcan la representación y renueven el pacto democrático.
Por primera vez en décadas, la reforma electoral no surge del reclamo de los perdedores ni de pactos entre cúpulas partidistas. Durante meses, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral abrió espacios, recibió propuestas y recogió diagnósticos en todos los rincones de la República. Lo que hoy está sobre la mesa no es una ocurrencia ni una imposición, sino un mapa plural de lo que la sociedad mexicana exige de su democracia.
Como lo informó la Presidenta, en la opinión pública existen varias coincidencias.
La primera de ellas es la necesidad de reducir el costo del sistema político-electoral. No se trata de debilitar a la democracia, sino de hacerla más justa, accesible y eficiente. Un país con profundas desigualdades no puede sostener un aparato electoral oneroso, sobredimensionado y muchas veces desconectado de la vida cotidiana de la gente. Ello pasa por revisar el financiamiento de los partidos políticos y el presupuesto para la realización de elecciones. La austeridad no es una consigna: es un principio de responsabilidad pública.
La segunda coincidencia es que la representación necesita ser revisada. Hoy la Cámara de Diputados está integrada por 500 diputaciones. El consenso social apunta a que esa estructura es excesiva para las funciones que desempeña. La pregunta no es si debe cambiar, sino cómo hacerlo sin afectar el equilibrio democrático ni la pluralidad política. Menos no puede significar una merma en la pluralidad de voces; debe significar una representación más cercana, eficiente y responsable ante el electorado.
Otra coincidencia es en torno al sistema de representación proporcional y las circunscripciones plurinominales. La ciudadanía percibe una puerta trasera por la que ingresan al poder quienes no fueron votados directamente por nadie. Eso no implica, por supuesto, borrar a las minorías del mapa político. Una democracia sana requiere diversidad, contrapesos y disenso. Pero también necesita que cada escaño tenga un anclaje claro en la voluntad popular. Representar no es negociar con las cúpulas; es responderle al pueblo.
Estos temas —financiamiento, tamaño del Congreso, formas de representación— son algunos de los que han sido expresados por la ciudadanía. Por ello, el día de mañana la comisión se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum. La meta es transformar los planteamientos sociales en opciones de política pública, y esas opciones en una ruta legislativa clara, técnicamente sólida y políticamente viable.
Lo importante es entender que la solución no está escrita en piedra. No hay una iniciativa cerrada ni un texto predeterminado. Hay, en cambio, una decisión política de fondo: rediseñar las reglas del poder para que estén a la altura de una ciudadanía más informada, exigente y participativa. La reforma electoral no es un asunto de escritorio: es una conversación nacional sobre cómo se distribuye, se controla y se legitima el poder.
Tras el fracaso de la denominada “transición” —que no trajo igualdad ni democracia— y con la llegada de la Cuarta Transformación, México cambió. Y sus instituciones electorales tienen que cambiar con él. Mantener intactas reglas diseñadas para otro tiempo es condenar a la democracia a la inercia. Modernizar no es romper; es actualizar el pacto democrático para que siga siendo creíble y legítimo a los ojos del pueblo.
La reforma que viene no busca beneficiar a un partido ni a un gobierno. Busca algo más profundo: asegurar que cada voto cuente, que cada cargo represente y que cada peso público se use con responsabilidad. Quién decide, cómo se compite, cuánto cuesta la política y a quién le rinden cuentas quienes ganan. Eso es lo que está en juego.
La democracia no se hereda: se construye. Y esta semana, empezará a tomar forma una de las decisiones más importantes para la vida pública de México.