El 2 de octubre de 1968 no pertenece únicamente a la historia de México. Pertenece a la memoria democrática de América Latina. 58 años después, la promesa de que una tragedia como Tlatelolco no vuelva a ocurrir adquiere un significado que trasciende generaciones: ningún gobierno, independientemente de su ideología, puede considerar que la protesta social, la crítica política o la exigencia de derechos constituyen una amenaza que justifique la violencia del Estado. Recordar Tlatelolco no es un ejercicio de nostalgia; es una advertencia permanente sobre los límites que el poder nunca debería cruzar.
La declaración de Ernestina Godoy, al asegurar que no se olvida a quienes perdieron la vida y que la represión y la desaparición forzada no deben volver a ocurrir, toca precisamente el punto central. Un Estado democrático no se define solamente por organizar elecciones o por tener instituciones formalmente establecidas. También se define por la manera en que responde a quienes cuestionan al poder. La democracia se pone a prueba, sobre todo, cuando quienes gobiernan escuchan a quienes no están de acuerdo con ellos.
Tlatelolco ocurrió en un México profundamente distinto al actual, pero algunas de las preguntas que dejó siguen vigentes: ¿qué ocurre cuando un gobierno deja de ver ciudadanos inconformes y empieza a ver enemigos?, ¿qué sucede cuando la seguridad se coloca por encima de las libertades?, ¿qué pasa cuando la protesta es presentada como una amenaza al Estado y no como una expresión legítima de la sociedad? La historia demuestra que la represión puede comenzar mucho antes de que aparezcan las armas: comienza cuando se deshumaniza al adversario, se criminaliza la protesta y se convence a la sociedad de que determinadas voces no merecen ser escuchadas.
Por eso Tlatelolco también tiene una dimensión latinoamericana. Durante buena parte del siglo XX, distintos países de la región vivieron dictaduras, gobiernos autoritarios y periodos de represión política en los que estudiantes, trabajadores, periodistas, organizaciones sociales y opositores fueron perseguidos en nombre del orden, la seguridad nacional o la defensa de las instituciones. Muchas de esas experiencias ocurrieron bajo gobiernos identificados con la derecha, pero reducir la lección histórica a una confrontación entre izquierda y derecha sería equivocarse de enseñanza. El autoritarismo no tiene una ideología exclusiva. Lo verdaderamente peligroso es que cualquier corriente política llegue a considerar que sus objetivos justifican silenciar al que piensa diferente.
La discusión resulta especialmente relevante en una América Latina donde la polarización política ha vuelto a ocupar un espacio central. En diversos países, gobiernos y movimientos de derecha han recuperado fuerza electoral y han colocado temas como seguridad, migración, delincuencia, protesta social y orden público en el centro del debate. Es legítimo que cualquier gobierno busque combatir el crimen y preservar el orden. Lo que no puede convertirse en una consecuencia automática de esa agenda es la reducción de derechos, la criminalización de la disidencia o el uso desproporcionado de la fuerza contra quienes ejercen libertades democráticas. La seguridad y los derechos humanos no deberían presentarse como conceptos incompatibles.
Ahí reside una de las grandes vigencias del 2 de octubre. La memoria no debería utilizarse únicamente para condenar a un gobierno del pasado, sino para construir criterios aplicables a los gobiernos del presente y del futuro. No basta con decir “eso ocurrió hace 58 años”. La pregunta incómoda es si hoy existen mecanismos para impedir que el Estado vuelva a utilizar su fuerza contra una sociedad que protesta.
Recordar Tlatelolco también significa defender el derecho a disentir. Una democracia saludable no necesita ciudadanos permanentemente de acuerdo con el gobierno; necesita ciudadanos capaces de cuestionarlo sin miedo. La pluralidad, la libertad de expresión, la protesta y la organización política no son obstáculos para la democracia: son parte de ella. Cuando un gobierno, de izquierda o de derecha, comienza a interpretar toda crítica como conspiración, toda protesta como amenaza y toda oposición como enemistad, la frontera entre autoridad y autoritarismo empieza a hacerse peligrosamente pequeña.