El 10 de septiembre el INE dará el banderazo inicial a las elecciones 2027, ya que ese día formalmente inicia el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027. En esta elección se elegirán 500 diputaciones federales, 300 por mayoría relativa, una por distrito electoral y 200 por representaciones proporcional con base al porcentaje de los votos que obtengan los partidos políticos. Además, habrá elecciones locales en 31 entidades de la República, el único estado que no tiene elección local es Coahuila, que tuvo comicios en 2026.
Se elegirán 19 mil 609 cargos locales, 17 gubernaturas en estados como Aguascalientes, Campeche, Colima, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas, entre otros; 1,098 diputaciones locales, 18 mil 57 cargos en ayuntamientos, además de 437 presidencias de juntas municipales, sindicaturas y regidurías, en los estados donde así se legisle.
En 31 estados habrá elecciones de diputaciones locales y en 29 de autoridades municipales y alcaldías, Durango y Veracruz no tendrán a nivel municipal. Otros estados con elecciones particulares son las juntas municipales en Campeche, las regidurías en Nayarit (que podrían modificarse pues está pendiente la adecuación de su normativa local) y presidencias de comunidad en Tlaxcala.
Las precampañas a nivel nacional son del 4 de enero al 12 de febrero y por estados son variables las fechas según su legislación y el calendario que el INE homologó para efectos de la fiscalización. En el caso de Jalisco, que su proceso electoral formal (aunque ya se realizan trabajos de preparación y decisiones de organización) comenzará la primera quincena de octubre, la precampaña será del 13 de diciembre al 21 de enero, la campaña en Jalisco será del 4 de abril al 2 de junio, cuando deberán terminar todas las campañas en el país.
Otra fecha relevante es que ya está abierta la convocatoria para participar como observador u observadora electoral y cierra el 30 de abril del siguiente año, resulta elemental la participación de la ciudadanía en esta figura. Las elecciones no son una actividad exclusiva de las autoridades electorales y de los partidos políticos sino del Estado Mexicano, donde todos los niveles de gobierno deben actuar con responsabilidad democrática, los medios de comunicación con convicción por la verdad, las universidades y sociedad civil como motor de participación y la ciudadanía como la protagonista.