Defensoría de los Derechos Universitarios

El pasado lunes, el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara eligió a quien ocupará la Defensoría de los Derechos Universitarios. Con esto, la UdeG se suma a las 25 instituciones de educación superior en México que cuentan con una instancia especializada en defender los derechos humanos de las comunidades universitarias, especialmente en lo que respecta al acoso, el hostigamiento y la violencia de género.

Sin duda, crear el Ombudsperson es un paso importante en la dirección correcta; no obstante, es tan solo el primero para atender una problemática muy compleja y global. El flagelo del acoso y el hostigamiento en las organizaciones y los gobiernos no es nuevo, es un problema multifactorial con el que las universidades en países desarrollados han lidiado por casi medio siglo.

Veamos un ejemplo. El gobierno de EEUU creó el llamado Title IX en 1972, una Ley que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en cualquier programa educativo financiado con recursos federales. A partir de ello, se crearon instancias al interior de las universidades, generalmente conocidas como “Title IX Office”, de facto defensorías de los derechos universitarios.

Desafortunadamente, en las universidades norteamericanas 46 años de esfuerzos no han bastado. Un reporte publicado por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina señala que las políticas implementadas a partir del Title IX y otros ordenamientos han fallado en disminuir el acoso y el hostigamiento sexual. Entre las causas del fracaso destacan dos: 1) Los esfuerzos generalmente se enfocan en el cumplimiento de la norma y no en promover “culturas y climas académicos” libres de violencia; y 2) No se ha hecho lo suficiente para reducir las asimetrías de poder en las universidades, principalmente entre los profesores y los estudiantes.

La experiencia internacional es aleccionadora, habrá que tomar nota para no repetir los errores.