Una nueva Ley para la Educación Superior

El pasado jueves 10 de enero, el Secretario General de la OCDE, José Ángel Gurría, y el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, presentaron el informe “El futuro de la educación superior en México”. Lectura obligada para los interesados en política educativa.

Entre las problemáticas detectadas por la OCDE destaca la necesidad de contar con una nueva Ley de educación superior, que ordene e impulse este nivel educativo fundamental para el desarrollo nacional. Baste recordar que la norma que rige a la educación superior en México, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, data de 1978 y no ha sido modificada una sola vez. Este instrumento jurídico se creó cuando nuestra economía era cerrada, no existía la inteligencia artificial y no se había inventado Internet. Mucho ha pasado desde entonces.

En el pasado reciente muchos intentos ha habido para crear una nueva gobernanza que fortalezca este nivel educativo; desde la ANUIES, el Congreso de la Unión y la propia SEP. Ninguno ha tenido éxito. Mi hipótesis del fracaso: Por un lado, posturas irreductibles sobre el contenido de la Ley (un todo o nada) y, por el otro, la percepción de que la autonomía universitaria se pone en riesgo. Actualmente parecen darse los consensos para impulsar esta Ley, pero debemos ser pragmáticos y aprender las lecciones del pasado. En política pública, el mejor acuerdo es el que se logra y permite avances, si no absolutos, sí incrementales.

Esta nueva Ley debería tener cuatro características clave: Ser lo suficientemente flexible para las necesidades y vocaciones del sistema; dar certidumbre financiera a las universidades públicas (con esquemas de financiamiento multianual sujetos a resultados medibles); proveer mecanismos para garantizar la calidad y la pertinencia; e incentivar la innovación en las universidades. El peor escenario sería una nueva norma que sea “camisa de fuerza” y genere más problemas de los que resuelve.