Jürgen Habermas fue uno de los críticos más lúcidos de la tecnocracia, incluso antes de que el término se popularizara. Su idea de que la legitimidad nace del mejor argumento –y no del poder, aunque sea técnico– interpela la tentación, hoy extendida, de creer que tener la razón basta para imponerla.
Habermas llamó a este fenómeno la “cientifización de la política”: la tendencia a presentar dilemas públicos como si fueran meros problemas técnicos, con una única respuesta correcta. Así, el debate democrático queda desplazado por especialistas, comités y burocracias. Décadas después, William Easterly lo nombró como “la tiranía de los expertos”: cuando la política se reduce a gestión y la deliberación es sustituida por el expertise.
El problema no es el conocimiento técnico, indispensable en sociedades complejas, sino su sacralización. Para Habermas, la legitimidad democrática no dependía de la eficacia de las políticas públicas, sino de la capacidad de justificarlas públicamente, en procesos donde los ciudadanos puedan persuadirse unos a otros.
En este punto, la universidad tiene una deuda con el filósofo. Si la vida pública se ha tecnocratizado, es también porque la universidad ha dejado de formar ciudadanos para formar expertos. Ha privilegiado una razón instrumental que optimiza medios, pero evita discutir los fines. Con ello, ha debilitado una de sus funciones más profundas: ser escuela de conversación.
Durante siglos, la universidad fue el espacio donde esa promesa cobraba sentido. Seminarios, disputas escolásticas y círculos de lectura entrenaban una habilidad esencial: disentir sin anular al otro. Si algo enseñó Habermas es que la racionalidad no es cálculo ni eficiencia, es racionalidad comunicativa: la capacidad de entendernos, de justificar nuestras posiciones y de aceptar la fuerza del mejor argumento. Eso no se aprende con algoritmos, sino dialogando.
Las políticas públicas están hechas de palabras, y es a través de las palabras que se debe persuadir a la sociedad de su importancia. Si la democracia depende de ciudadanos capaces de deliberar, la universidad debe recuperar su misión: no como organización profesionalizante, sino como la institución fundamental para sostener la conversación y, por ende, la civilización moderna.